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18 de septiembre de 2020, 16:09:38
Actualidad

El Consejo Consultivo de CLM acredita la prohibición


CASO CLORO | Teníamos razón: Santiago Serrano Godoy y la nulidad para contratar

Desde el equipo de Gobierno piden responsabilidades al actual portavoz del Grupo Popular y exconcejal de Transparencia en el Gobierno de Jaime Ramos

Por Redacción La Voz del Tajo


Teníamos razón sobre el ‘caso cloro’: el Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha declarado nulo el contrato de tratamiento del agua de las piscinas y limpieza de las instalaciones municipales (lotes B y C) adjudicado a una empresa con participación de la madre del concejal del Partido Popular, Santiago Serrano Godoy, -exconcejal de Transparencia- y miembro de la Junta de Gobierno en el anterior Gobierno liderado por Jaime Ramos, a raíz del informe del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha que considera acreditada la prohibición de contratar y un conflicto de intereses.

Tal y como ha ido informando La Voz del Tajo durante estos últimos meses, -éste medio destapó el denominado ‘caso cloro’ en octubre del pasado año-, en dicho texto queda acreditado la existencia de conflicto de intereses, favoritismo o imparcialidad a la hora de adjudicar el contrato de hipoclorito, ya que “ el concejal que forma parte del órgano de contratación -Santiago Serrano Godoy-, intervino en la toma de decisiones colegiadas de la Junta de Gobierno Local que afectaron directamente a la adjudicación final de contrato a favor de una entidad mercantil participada por su madre”.

La portavoz del equipo de Gobierno, Flora Bellón, ha explicado que el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha se reunió el pasado 10 de julio y concluye que este contrato “tiene que ser revisado de oficio al concurrir en él la causa de nulidad de pleno derecho por incumplirse la ley de contratos del sector público”.

Bellón también ha preguntado al portavoz del actual Grupo Popular, Santiago Serrano, “¿cuál es su opinión y si va a tomar o asumir alguna responsabilidad?”

Para finalizar, la portavoz municipal ha anunciado que el equipo de Gobierno está “valorando la posibilidad de remitir el expediente referido a esta adjudicación de contrato al Tribunal de Cuentas para que lo fiscalice y determine las posibles responsabilidades e ilicitudes y, en su caso, se derive a las autoridades judiciales correspondientes”.
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