La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió en una reunión a puerta cerrada que el pacto con Junts y Esquerra Republicana para prorrogar el impuesto a la banca implicará que el Estado renuncie a 1.700 millones de euros anuales en recaudación para transferirlos a las comunidades autónomas con mayor peso económico, incluida Cataluña. Una decisión que calificó de "dolor de muelas", pero que defendió con un contundente: "bien está lo que bien resulte".
Así queda recogido en el acta de la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada en febrero, a la que ha tenido acceso EL MUNDO. En ella, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, el socialista Juan Alfonso Ruiz Molina, acusó a Montero de romper los principios de solidaridad al diseñar una financiación que favorece a las regiones más ricas y perjudica a las más pobres.
"Estamos introduciendo un precedente contrario a la Constitución. Se da a entender que quien tiene más capacidad económica tiene derecho a mejor financiación y, por tanto, a mejores servicios públicos", denunció Ruiz Molina.
A las críticas internas se sumaron las del consejero gallego de Hacienda, Miguel Corgos, en nombre de todas las autonomías del PP. Estas comunidades abandonaron la sala en un gesto de protesta contra lo que consideran decisiones unilaterales del Gobierno para contentar a sus socios independentistas.
SOLO DOS VOTOS A FAVOR... PERO SUFICIENTES
Pese a la oposición mayoritaria, el impuesto fue refrendado en el CPFF con únicamente dos votos favorables: el de Montero y el de la consejera catalana Alicia Romero. Incluso los representantes socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias votaron en contra, mientras Navarra se abstuvo.
El sistema de votación permitió que la medida prosperara aunque el resto votara en contra o se ausentara: basta con que una comunidad respalde la propuesta del Gobierno para que salga adelante.
El origen del cambio en la recaudación se remonta al 21 de noviembre, cuando Junts salvó in extremis el impuesto con la condición de que la distribución se hiciera en función del PIB. "La recaudación que salga de ahí se transfiera… a Cataluña", presumió entonces el portavoz Josep Maria Cruset. También Esquerra celebró el acuerdo como parte de la "mayoría progresista" que sostiene al Ejecutivo.
DENUNCIAN MANIPULACIÓN DEL ACTA
El clima político se ha tensado aún más de cara a la reunión del próximo lunes. Catorce consejeros de Hacienda —doce de autonomías y dos de Ceuta y Melilla— han remitido una carta en la que acusan al Ministerio de falsear el acta al reflejar que los representantes del PP se abstuvieron, cuando en realidad se ausentaron tras manifestar su rechazo.
El Ministerio sostiene que se les advirtió de que su ausencia sería contabilizada como abstención. Las comunidades afectadas planean votar en contra de la aprobación del acta y cuestionan incluso que hubiese quórum suficiente para validar la decisión del Gobierno.
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