El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado su rechazo a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica impulsada por el Ejecutivo central, al considerar que se trata de un modelo elaborado sin consenso con las comunidades autónomas y basado en criterios que, a su juicio, vulneran los principios de igualdad y solidaridad entre los territorios.
Así lo ha manifestado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras la reunión bilateral mantenida con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Mónica García. En el encuentro también participó el director general de Presupuestos, Isidro Hernández.
Durante su comparecencia ante los medios, Ruiz Molina cuestionó la utilidad de la reunión al considerar que llega cuando las principales decisiones ya han sido adoptadas. Según explicó, los encuentros bilaterales con las comunidades autónomas deberían haberse celebrado antes de que el Gobierno central cerrara una propuesta con una comunidad autónoma concreta y antes de su presentación pública.
El consejero defendió que el Consejo de Política Fiscal y Financiera debería haber sido el foro adecuado para debatir las distintas posiciones territoriales y alcanzar consensos sobre la futura reforma del modelo de financiación.
ACUDE POR "LEALTAD INSTITUCIONAL"
Ruiz Molina señaló que Castilla-La Mancha ha participado en la reunión por "lealtad institucional y por educación", aunque lamentó que el encuentro se produzca una vez alcanzados acuerdos previos que, en su opinión, condicionan el resultado final del proceso.
CRÍTICAS AL PRINCIPIO DE ORDINALIDAD
Uno de los principales puntos de discrepancia expuestos por el responsable regional de Hacienda fue el denominado principio de ordinalidad, que considera incorporado en la propuesta del Gobierno central.
Según explicó, este criterio permitiría que las comunidades autónomas con mayor capacidad tributaria mantuvieran una posición más ventajosa en términos de financiación, lo que, a su juicio, contradice los principios de igualdad y solidaridad que deben regir el sistema.
Ruiz Molina argumentó que trasladar este planteamiento a la prestación de servicios públicos supondría asumir que los ciudadanos de territorios con mayores niveles de renta tienen derecho a recibir mejores servicios o que las comunidades con una mayor concentración de rentas altas merecen una financiación superior.
"Se está defendiendo que quien más tiene debe recibir más", afirmó el consejero, quien cuestionó que un Gobierno que se define como progresista pueda respaldar este enfoque.
DEFENSA DE LA IGUALDAD Y DEL COSTE REAL DE LOS SERVICIOS
Frente a la propuesta estatal, Castilla-La Mancha apuesta por un modelo de financiación basado en la igualdad de los ciudadanos y en el coste real que supone a las comunidades autónomas prestar los servicios públicos de su competencia.
El consejero defendió que el sistema tenga en cuenta factores como la extensión territorial, la dispersión de la población o el envejecimiento demográfico, elementos que incrementan el coste de servicios esenciales como la sanidad o la educación.
Como ejemplo, recordó que una ciudad como Fuenlabrada cuenta con una población similar a la de toda la provincia de Cuenca, pero mientras en el municipio madrileño la Atención Primaria se presta a través de siete centros de salud, en la provincia conquense son necesarios 32 para atender a la población.
Por ello, el Ejecutivo autonómico considera que el nuevo modelo debe garantizar recursos suficientes para cubrir el coste efectivo de los servicios públicos fundamentales y asegurar que todos los ciudadanos reciban prestaciones de calidad independientemente de su lugar de residencia o de la capacidad económica de su comunidad autónoma.
UN MODELO "INJUSTO" QUE NO DEBERÍA PROSPERAR
En la parte final de su intervención, Ruiz Molina calificó la propuesta de financiación como un modelo "injusto" orientado a satisfacer las demandas de una comunidad autónoma concreta.
A su juicio, se trata de una iniciativa que "no debe salir adelante" y que ni siquiera cuenta con el respaldo unánime de algunos sectores independentistas, a los que atribuyó la intención de obtener una financiación superior a la del resto de territorios.
El consejero advirtió además del mensaje que este debate puede trasladar a la ciudadanía, al sugerir que los territorios con mayor capacidad económica tendrían derecho a recibir más recursos públicos y, por tanto, a disponer de mejores servicios.
"En Castilla-La Mancha no queremos un modelo que premie a los territorios; queremos un modelo que proteja a los ciudadanos, con independencia de dónde vivan", concluyó Ruiz Molina, quien insistió en que la propuesta supone "un despropósito" para quienes defienden la igualdad de todos los españoles con independencia de su renta o lugar de residencia.
Si (
No(
