El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado este jueves en las Cortes regionales su defensa de un modelo de financiación autonómica basado en el principio de igualdad entre todos los ciudadanos y ha rechazado cualquier propuesta que consolide privilegios territoriales o vincule la financiación a la capacidad económica de cada comunidad autónoma.
Durante una comparecencia a petición propia, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, expuso la posición del Ejecutivo autonómico respecto a la propuesta de reforma del sistema de financiación planteada por el Gobierno central, una postura que, según recordó, ya trasladó al secretario de Estado de Hacienda en la reunión mantenida el pasado 22 de junio.
Ruiz Molina defendió que el nuevo modelo debe responder al coste real de prestar los servicios públicos y no al denominado principio de ordinalidad, al considerar que este criterio supone que las comunidades con mayor capacidad económica reciban también una mayor financiación. A su juicio, este planteamiento rompe el principio de equidad sobre el que debe sustentarse el sistema.
El consejero insistió en que Castilla-La Mancha mantiene desde hace más de una década una posición "coherente" en materia de financiación autonómica, basada exclusivamente en la defensa de los intereses de la región, con independencia del color político del Gobierno de España. En este sentido, recordó que las mismas reivindicaciones han sido trasladadas tanto a ejecutivos del Partido Popular como del Partido Socialista.
Asimismo, reiteró que la negociación del nuevo modelo debe desarrollarse de forma multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), con la participación de todas las comunidades autónomas de régimen común, y rechazó que acuerdos bilaterales puedan condicionar una reforma que afecta al conjunto del Estado.
Respecto al encuentro mantenido con el Ministerio de Hacienda el pasado mes de junio, Ruiz Molina explicó que acudió con "lealtad institucional" para trasladar el rechazo del Gobierno regional al modelo planteado por el Ejecutivo central y presentar la propuesta alternativa de Castilla-La Mancha. Según indicó, tras esa reunión la situación permanece "inalterada", ya que el Ministerio mantiene su intención de desarrollar el modelo acordado con ERC.
El responsable regional de Hacienda también mostró el rechazo del Ejecutivo autonómico a la posibilidad de incorporar el Fondo de Compensación Interterritorial al sistema de financiación para compensar a las comunidades que quedarían por debajo de la media. En su opinión, este fondo debe seguir destinándose a reducir las diferencias de renta y riqueza entre territorios y no a financiar servicios públicos fundamentales.
Como alternativa, el Gobierno regional propone un sistema basado en la denominada población ajustada o índice de necesidad de cada servicio público, incorporando variables como la superficie, la dispersión geográfica o las características demográficas de cada territorio para calcular el coste real de la prestación de los servicios. Una vez determinado ese coste, todas las comunidades deberían recibir la misma financiación por habitante ajustado, garantizando así un nivel homogéneo de servicios públicos con independencia del lugar de residencia.
Durante su intervención, Ruiz Molina defendió además que la reforma debe completarse con cuatro medidas adicionales. La primera pasa por la condonación de la deuda derivada de la infrafinanciación acumulada durante años. En este sentido, valoró positivamente que la propuesta del Gobierno de España incorpore este criterio para calcular la reducción de la deuda autonómica, lo que permitiría a Castilla-La Mancha ver condonado el 30,5 % de la deuda vinculada al Fondo de Liquidez Autonómica y ahorrar alrededor de 760 millones de euros en intereses en los próximos años.
El consejero también reclamó una armonización fiscal mediante una ley estatal que evite la competencia desleal entre comunidades autónomas, el refuerzo del principio de lealtad institucional para compensar a las regiones cuando decisiones estatales afecten a su financiación y la creación de un fondo transitorio de nivelación mientras se aprueba el nuevo sistema.
Finalmente, Ruiz Molina hizo un llamamiento a los grupos políticos para alcanzar una posición común en defensa de los intereses de Castilla-La Mancha durante la negociación del nuevo modelo de financiación. Aseguró que el Gobierno regional seguirá apostando por el diálogo con todas las administraciones y formaciones políticas porque, según afirmó, la financiación autonómica constituye "un asunto de región, e incluso de Estado". En ese contexto, concluyó que Castilla-La Mancha "no quiere más que nadie, pero no va a admitir menos de lo que le corresponde".
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