El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha acordado iniciar un expediente para la imposición de penalidades a la empresa concesionaria del servicio de transporte público urbano de viajeros ante los reiterados incumplimientos detectados en la ejecución del contrato, después de los numerosos requerimientos realizados por la Administración municipal para que fueran subsanadas las deficiencias advertidas.
El alcalde, José Julián Gregorio, ha explicado que esta decisión responde al compromiso del equipo de Gobierno con la defensa del interés general y con la prestación de unos servicios públicos de calidad. "El transporte urbano es un servicio esencial para miles de talaveranos y no vamos a permitir que su funcionamiento continúe deteriorándose. Nuestra prioridad son los ciudadanos y la correcta prestación de un servicio del que dependen cada día para acudir a sus centros de trabajo, educativos, sanitarios o para desarrollar su vida cotidiana", ha señalado.
Durante los últimos meses, la Concejalía de Transporte Público ha realizado un seguimiento continuado del contrato mediante reuniones con la empresa concesionaria, representantes de los trabajadores, asociaciones vecinales y colectivos afectados, además de trasladar numerosos requerimientos para corregir las incidencias detectadas.
Pese a ello, el Ayuntamiento asegura que continúan registrándose reclamaciones de los usuarios por retrasos reiterados, expediciones que no llegan a prestarse, falta de disponibilidad de vehículos, deficiencias en el mantenimiento de la flota, ausencia de actualización de horarios en marquesinas y paradas, así como otras incidencias que afectan a la calidad del servicio y generan perjuicios a los ciudadanos.
La concejal de Transporte Público, Macarena Muñoz, ha destacado que el Consistorio ha mantenido durante estos meses una "absoluta voluntad de colaboración y diálogo" con la empresa, concediéndole el tiempo necesario para corregir las deficiencias detectadas.
Sin embargo, la edil ha subrayado que "cuando los incumplimientos persisten y quienes terminan pagando las consecuencias son los vecinos de Talavera, esta Administración tiene la obligación de actuar con firmeza". En ese sentido, ha insistido en que el compromiso del equipo de Gobierno es garantizar una correcta prestación de los servicios públicos y evitar que continúen produciéndose situaciones que perjudican a los usuarios del transporte urbano.
Desde el Ayuntamiento recuerdan que la empresa adjudicataria está obligada a cumplir estrictamente las condiciones establecidas en el contrato, tanto en lo referente al mantenimiento de la flota como a la regularidad del servicio, la información facilitada a los usuarios y la atención a las necesidades de movilidad de la ciudad.
La incoación del expediente de penalidades constituye un mecanismo previsto tanto en el contrato como en la legislación de contratación pública para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria y salvaguardar el interés público.
El Consistorio ha avanzado que continuará ejerciendo un control exhaustivo sobre la ejecución del contrato y seguirá requiriendo a la empresa la adopción inmediata de las medidas necesarias para restablecer la normalidad del servicio y corregir las deficiencias existentes.
Por su parte, el alcalde ha reiterado que el Ayuntamiento utilizará "todos los instrumentos que nos otorgan el contrato y la legislación vigente para exigir el estricto cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria". "Nuestro único objetivo es garantizar a los talaveranos un transporte público seguro, eficaz, accesible y de calidad", ha concluido.
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