El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado más de 57,2 millones de euros a programas de rehabilitación de edificios residenciales y mejora de la accesibilidad desde 2019, una inversión que ha permitido actuar en 15.821 viviendas y beneficiar a más de 47.000 personas.
Así lo ha puesto de relieve este martes la directora general de Vivienda, Salu García Alfaro, durante una visita a una comunidad de propietarios de la localidad toledana de Ocaña, donde se ha desarrollado una actuación financiada con ayudas públicas por importe de 104.000 euros para eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad del inmueble.
Durante su intervención, García Alfaro subrayó que esta actuación forma parte de una estrategia desarrollada por el Ejecutivo autonómico en los últimos años para facilitar la adaptación de edificios residenciales. En este sentido, destacó que las inversiones realizadas desde 2019 han permitido impulsar proyectos de rehabilitación con actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad en miles de viviendas de la región.
La directora general insistió en que el concepto de accesibilidad va más allá de la instalación de rampas o ascensores. Según explicó, estas intervenciones buscan que las personas mayores puedan permanecer en sus hogares con autonomía, que quienes tienen alguna discapacidad puedan desenvolverse con independencia y que cualquier vecino pueda acceder a su edificio con seguridad y sin obstáculos.
Entre las actuaciones subvencionadas se incluyen la instalación de ascensores, rampas, plataformas elevadoras y salvaescaleras, así como automatismos para puertas, sistemas tecnológicos de apoyo a personas con discapacidad, dispositivos de comunicación y señalización accesible, reformas en baños y cocinas y soluciones de domótica orientadas a favorecer la autonomía personal.
En el caso de Ocaña, la actuación se ha llevado a cabo en la comunidad de propietarios situada en la calle Doctor Manzanares, número 18. Los trabajos han consistido en la apertura de huecos en los forjados para instalar un ascensor, la ejecución de la estructura necesaria para su implantación y diversas adaptaciones interiores con el objetivo de garantizar la accesibilidad del edificio.
Para García Alfaro, este proyecto refleja el alcance de las políticas de accesibilidad impulsadas por el Gobierno regional dentro de una estrategia más amplia en materia de vivienda, que también contempla líneas de ayudas para la rehabilitación energética, el alquiler, el Bono Alquiler Joven y la compra de vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes.
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