Hay acusados también un empresario y un gestor de nuestra ciudad para los que Fiscalía pide siete años de prisión
Redacción La Voz del Tajo | Miércoles 23 de abril de 2014
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial dictó orden de busca y captura contra Hiuyun Y., una ciudadana china que no compareció como acusada en un juicio por inmigración clandestina. La Fiscalía pide para ella siete años de prisión por formar parte, presuntamente, de una trama que favoreció la llegada ilegal a España, y más concretamente a Talavra, de cuatro compatriotas suyos en el año 2007. En el proceso juidicial también han formado parte otros dos acusados, el empresario Isidro E.T. y el responsable de una getoría Gustavo J.G., ambos residentes en la ciudad y para los que piden una pena idéntica que para la desaparecida.
La ciudadana china habría tenido un papel clave en esta trama. Según el testimonio de un jefe de Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, uno de los chinos que terminó viniendo a España le confesó que le habían reclamado 18.000 euros para poder venir desde su país, con la cobertura de un puesto de trabajo. El mismo policía añadió, según lo que le trasladó este afectado, que el dinero se repartía entre dos de los acusados, Hiuyun Y. y el empresario que ofrecía el contrato. La investigación se abrío en el momento en que los cuatro ciudadanos chinos, junto a la acusada, se personaron en dependencias policiales para tramitar su tarjeta de residencia. Allí se descubrió que llegaron gracias a un contrato laboral que solo estuvo vigente 15 días, cuando el compromiso era de un año. Dos de los chinos que quedaron trabajando en un establecimiento de la acusada, localizados en una redada posterior, donde se comprobó que tenía zulos para ocultar a personas.
El empresario acusado aseguró que promovió la cotratación de chinos por la necesidad de personal para una obra de cerrajería, aunque pasó toda la responsabilidad del caso a su gestor, en lo que se refiere a la contratación y despido. En este orden, dijo que como el proceso se prolongaba renunció a la contratación y no sabía que los chinos habían llegado a Talavera. El gestor negó haber iniciado el expediente para traer a los ciudadanos chinos si no hubiera sido por la solicitud de su cliente, el empresario. Igualmente, confesó que sabían las consecuencias que podría acarrear traer a los trabajadores sin cumplir con la obligatoriedad de cumplir un contrato laboral durante doce meses.
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