Los 32 bomberos exponen que su intención no fue la de perjudicar a nadie y se ofrecen para aligerar una resolución

Una nota remitida a los medios de comunicación ha sido la vía utilizada por los 32 bomberos que pidieron la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que anulaba la Valoración de Puestos de Trabajo desde el año 2006 hasta la actualidad. El colectivo señala que ellos también están “sufriendo el batacazo de un auto”.

Ante las continúas críticas sobre su culpabilidad por parte de muchos empleados públicos, los bomberos lamentan haber recibido pitadas, amenazas, insultos e, incluso, hasta la publicación de un listado con el nombre de cada uno de los bomberos demandantes. En la comunicación enviada a los medios, critican que se le hayas señalado como los autores de este resultado y recuerdan que “los magistrados del TSJ nos han dado la razón”. En esta línea, recuerdan que no fueron ellos los que gestionaron la valoración, ni atribuyeron las cantidades a percibir para cada uno de los empleados públicos de forma generalizada, ni tampoco firmaron los acuerdos que pactaron los sindicatos y la Administración. “Nosotros no damos, no quitamos, no gestionamos y no legislamos, son los jueces los que dictaminan conforme a la ley”, subrayaron.

A su juicio, “este auto deja en entredicho la gestión del Ayuntamiento junto a la parte sindical”, y recuerdan que ya hace un año que recalcaron que la subsanación de los errores no se ajustaba la ley, por lo que “las consecuencias serían las mismas”. En este término, los bomberos hacen constar que “nunca hubo intención de perjudicar a nadie”, así como ofrecen cualquier aportación que sea posible en beneficio de todos los damnificados. Ante todo lo sucedido, se reafirman en que “si en estos momentos difíciles podemos mediar, para evitar que el efecto de la sentencia sea lo menos gravoso para el conjunto de los trabajadores; el Cuerpo de Bomberos más que nadie está a disposición de esta Administración para resolver lo antes posible cuantas inquietudes surjan para el beneficio de todos”.

La semana pasada, el alcalde, Gonzalo Lago, aseguró que los técnicos ya están trabajando para conseguir la solución menos perjudicial para los 730 trabajadores afectados.