Irene González Moreno | Miércoles 23 de abril de 2014
La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha afirmado que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) “recoge casi la totalidad de las medidas que reclamaba y que ha peleado el Gobierno de Castilla-La Mancha”, y ha sostenido que “se adapta a las necesidades de nuestra agricultura”.
En este sentido, Soriano ha destacado que el texto final mantiene “un alto apoyo presupuestario y permite a los agricultores y ganaderos de nuestra región contar con un horizonte estable en el que trabajar y en el que realizar las inversiones necesarias para seguir haciendo de Castilla-La Mancha una potencia agroalimentaria”.
Soriano ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa, tras la reunión del Consejo de Gobierno al que ha informado de las claves del acuerdo alcanzado ayer por los ministros de Agricultura de la UE, la Comisión y el Parlamento Europeo para reformar la PAC en el período 2014-2020, en el que España contará con presupuesto de más de 47.000 millones de euros.
La consejera ha felicitado al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete “por las muchas mejoras que ha logrado” y ha recordado que en este trabajo ha contado desde el principio con el apoyo de la Junta de Castilla-La Mancha, “ya que hemos sido muy activos tanto en propuestas como en reuniones y debates a nivel nacional y europeo y nos hemos sentado con todos aquellos responsables de organismos e instituciones con algo que decir en esta reforma”, ha indicado.
No habrá “tasa plana”
La consejera de Agricultura, que ha expuesto los principales puntos del acuerdo, ha resaltado la importancia de que se haya logrado evitar el fuerte trasvase de fondos de unos sectores a otros o entre regiones que pretendía la Comisión Europea con los criterios de convergencia interna, que preveían una “tasa plana” con un importe fijo por hectárea independientemente del tipo de cultivo y su nivel de ayudas anterior.
Así, Soriano ha aplaudido que, finalmente, esta convergencia se haya limitado de forma considerable, ya que se excluye de la misma a los pequeños agricultores y ganaderos que reciben hasta 1.250 euros al año –unos 70.000 en Castilla-La Mancha- así como a las ayudas acopladas, que suponen el 13 por ciento del presupuesto. Además, se permite que los estados miembros creen “comarcas agrarias” que no se correspondan con las comunidades autónomas, lo que permite fijar comarcas homogéneas en las que se perciban ayudas similares.
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