El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha lanzado duras críticas contra la forma de actuar de las confederaciones hidrográficas, a las que acusa de convertirse en “instituciones paralizantes” que obstaculizan el desarrollo de numerosos expedientes, especialmente en el ámbito agrícola.
En una entrevista con Europa Press, Martínez Guijarro ha denunciado que algunas confederaciones, como la del Guadiana, acumulan “miles de expedientes sin resolver”, generando un efecto colateral grave sobre agricultores que no pueden regularizar su situación por la lentitud administrativa.
“No puede ser que un cambio de titularidad de derechos de agua o un cambio de uso esté siete años sin resolverse”, ha advertido, añadiendo que durante ese periodo, muchos afectados son incluso sancionados por carecer de derechos que no han podido obtener por culpa del atasco burocrático.
El vicepresidente ha cargado especialmente contra el hecho de que, cuando se amplía la dotación de personal en las confederaciones, se destine prioritariamente a tareas de vigilancia y sanción, en lugar de reforzar la gestión administrativa. “Los medios se usan para sancionar a quienes piden que se tramiten sus expedientes, lo que es inaceptable”, ha sentenciado.
Martínez Guijarro también ha criticado la falta de responsabilidad de las confederaciones en la limpieza y mantenimiento de los cauces fluviales. Ha lamentado que muchos pueblos pequeños “vivan de espaldas a sus ríos” por no poder afrontar las exigencias que estas instituciones les imponen. “No tienen capacidad técnica, administrativa ni presupuestaria para asumir tareas que sí puede hacer una ciudad como Madrid con el Manzanares”, ha señalado.
Según el vicepresidente, el Ministerio de Transición Ecológica debe intervenir con urgencia para corregir el funcionamiento de las confederaciones y acabar con este “bucle injusto” que frena proyectos y castiga a quienes intentan cumplir la normativa.
En el plano internacional, Martínez Guijarro ha expresado su rechazo al reciente acuerdo comercial entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el expresidente estadounidense Donald Trump, que establece aranceles del 15% a productos europeos. “No es un acuerdo, es un sometimiento”, ha dicho, asegurando que perjudica directamente al sector agroalimentario castellano-manchego y europeo.
Ante esta situación, ha propuesto trabajar con el sector para diversificar mercados y reducir la dependencia del estadounidense. “Hay que abrir otros itinerarios para exportar y minimizar los efectos de este mal acuerdo”, ha defendido.
Martínez Guijarro también ha advertido del riesgo que supone la propuesta de recorte de la Política Agraria Común (PAC), que podría reducir su presupuesto en más de un 20% en el próximo periodo comunitario. A esto se suma una posible “nacionalización” de la PAC, lo que, a juicio del vicepresidente, rompería su carácter común y abriría la puerta a políticas desiguales entre países. “La PAC dejaría de serlo, y eso sería gravísimo para los agricultores”, ha alertado.
El vicepresidente regional ha acusado a la Comisión Europea, “mayoritariamente conservadora”, de aplicar un enfoque perjudicial para el campo europeo y ha reclamado una rectificación que proteja a quienes sostienen el medio rural y la soberanía alimentaria.