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La Junta destina 911.500 euros y 23 profesionales a reforzar las políticas empleo y formación

La portavoz del Gobierno de C-LM, Blanca Fernández, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno - JCCM
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La portavoz del Gobierno de C-LM, Blanca Fernández, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno - JCCM
miércoles 04 de marzo de 2020, 11:23h

El Gobierno regional destinará 911.500 euros a la contratación de 23 profesionales en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo que ayuden a agilizar los procedimientos administrativos relacionados con las acciones formativas y las políticas de empleo de la consejería.

Así lo ha explicado este miércoles la portavoz del Gobierno castellanomanchego, Blanca Fernández, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados esta semana por el Consejo de Gobierno, que ha detallado que 13 de estos profesionales se dedicarán a los procedimientos de políticas activas de empleo y los diez restantes a los de acciones formativas.

Fernández ha incidido en que estas dos líneas de acción son "muy importantes" para la región, ya que la Administración regional dedica a ellas 143,5 millones de euros anuales. En concreto, se dedican 90 millones a políticas activas de empleo que llegan a una población diana de 17.000 personas y 53,5 millones a acciones formativas que alcanzan a 22.250 personas.

Entre las líneas de actuación del Ejecutivo autonómico, Blanca Fernández ha destacado que se verán beneficiadas de esta mejora en la realización de los trámites algunas como los planes de empleo, los contratos de formación y prácticas, el impulso de contratos eventuales en indefinidos o el cheque de transición en lo que refiere a las políticas activas de empleo, mientras que en el apartado de formación mejorará la tramitación en algunas iniciativas como los certificados de profesionalidad y los cursos de formación tanto para parados como para personas ocupadas.

La portavoz ha manifestado que el objetivo de esta medida es llevar a cabo una agilización de la burocracia en estos trámites para que la Administración "no tenga ningún tapón que pueda afectar a la empleabilidad ni la formación".

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