El consejero de Hacienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha expresado su firme rechazo al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña para establecer un modelo de financiación autonómica singular.
En una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, Ruiz Molina ha calificado el acuerdo de "injusto y egoísta", argumentando que favorece exclusivamente a Cataluña en detrimento del resto de las comunidades autónomas.
El nuevo modelo otorga a la Generalitat una mayor capacidad normativa en la gestión de los tributos, permitiéndole recaudar el 100% del IRPF a partir de 2026. Sin embargo, Ruiz Molina ha advertido que este sistema no es extrapolable al resto del país y que, si todas las comunidades autónomas adoptaran un modelo similar, el sistema de financiación autonómica se desplomaría. "En ningún país del mundo el 100% de los impuestos son gestionados por una administración diferente a la del Estado", ha señalado.
El consejero también ha destacado que, aunque el Gobierno central defiende que este modelo es compatible con una reforma general del sistema de financiación que atienda a las necesidades y singularidades de todas las comunidades autónomas, la realidad es que solo Cataluña se beneficiaría de este trato privilegiado. "Este acuerdo es un modelo de suma cero: si Cataluña obtiene más recursos, será a costa del resto de las comunidades autónomas", ha afirmado.
Ruiz Molina ha subrayado que este modelo pone en riesgo el principio de igualdad entre los ciudadanos españoles, ya que no garantiza el mismo nivel de acceso a los servicios públicos fundamentales en todas las comunidades autónomas. "No podemos permitir que el resto de las comunidades autónomas paguen el incremento del presupuesto de la Unión Europea en Defensa", ha concluído.
El rechazo al acuerdo no se limita a Castilla-La Mancha. Otras comunidades autónomas, como Canarias, también han expresado su oposición al modelo de financiación singular para Cataluña, argumentando que crea desigualdades entre regiones y pone en peligro los servicios públicos esenciales. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha calificado la decisión de "injusta" y ha advertido que podría generar una disparidad socioeconómica entre regiones.
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