Familias de alumnos de 1º de Primaria del CEIP Pedro Melendo García, en Olías del Rey, han denunciado públicamente una situación de violencia continuada en el aula que, según afirman, se arrastra desde el inicio del curso escolar y ha tenido graves consecuencias emocionales en varios menores de seis años. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha niega que haya existido inacción o desbordamiento y defiende que se ha actuado “de manera inmediata y continuada”.
La denuncia parte de Marta Vázquez Rodríguez, madre de una alumna del centro, quien asegura que, tras “meses de silencio y respuestas evasivas por parte de la administración educativa”, se ha visto obligada a acudir a los medios para dar visibilidad a una situación que considera “de extrema gravedad” y que afecta directamente a menores.
Según relata, pocos días después del inicio del curso, en septiembre, los niños comenzaron a contar en casa episodios de violencia protagonizados por un alumno recién incorporado al aula: golpes, empujones, patadas, lápices clavados en el cuello, mochilas rotas o meriendas pisoteadas. La situación, afirma, escaló hasta que se produjo un episodio “de tal violencia” que obligó a la profesora a ordenar al resto de alumnos que salieran corriendo del aula mientras huían por el pasillo pidiendo ayuda.
Tras estos hechos, varios padres acudieron al centro para pedir explicaciones. Vázquez asegura que solo fue atendida por la dirección tras insistir “de forma contundente” y que entonces se confirmó que no solo había agresiones entre alumnos, sino también hacia el personal del centro. Ante la falta de soluciones, las familias acudieron a la Inspección Educativa, donde, según indican, inicialmente se intentó negarles la atención.
A partir de ese momento comenzaron a presentar escritos formales, contratar asesoramiento legal y, en algunos casos, iniciar atención psicológica para los menores. “Mi hija y otros niños empezaron a tener miedo al colegio”, afirma esta madre. En el centro, añade, se llegaron a desplazar recursos de otras aulas para que en esta clase hubiera entre dos y tres adultos de forma permanente.
A finales de octubre o principios de noviembre se incorporó una profesora de Pedagogía Terapéutica (PT), primero a media jornada y posteriormente a jornada completa. Según la versión de las familias, con ese recurso completo la situación se contuvo en diciembre, pero tras las vacaciones de Navidad el apoyo se redujo y las agresiones se reanudaron. En enero se produjeron nuevos incidentes, una denuncia formal y la presencia de la Guardia Civil en el centro.
Como agravante, recientemente se ha incorporado otra alumna con conductas agresivas en la misma aula por motivos de ratio, procedente —según las familias— del mismo centro que el alumno conflictivo, lo que, aseguran, ha empeorado la convivencia.
En la actualidad, según denuncia Vázquez, uno de los alumnos pasa gran parte del tiempo fuera del aula por su estado de ansiedad, algo reconocido por la propia tutora. “El centro nos ha llegado a decir por escrito que no nos garantizan la seguridad de los niños”, afirma. Una familia ya ha cambiado a su hijo de colegio; ella, sin embargo, se niega a hacerlo. “No considero justo que la solución sea expulsar a las víctimas”, sostiene.
Las familias critican, además, la falta de transparencia y comunicación directa. “La información nos llega por boca de nuestros hijos, niños de seis años”, denuncia esta madre, quien habla de profesorado que apoya en privado pero no puede hacerlo oficialmente, una dirección que ofrece versiones distintas según el cauce y responsables políticos que plantean como solución cambiar a los alumnos de centro.
LA VERSIÓN DE LA CONSEJERÍA
Frente a estas denuncias, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes niega que haya existido “silencio institucional ni falta de acción”. Fuentes del departamento aseguran que “desde el primer momento en que la Inspección de Educación tuvo conocimiento de la situación, se ha actuado de manera inmediata y continuada”, asesorando al centro, realizando un seguimiento sistemático de las medidas adoptadas y manteniendo reuniones con representantes de las familias.
Desde Educación subrayan que el delegado provincial, José Gutiérrez, recibió personalmente a las familias y propuso la dotación de un recurso completo de Pedagogía Terapéutica, que, según la Consejería, “se concedió y permanece en el centro sin haber sufrido ninguna reducción”, en contra de lo que sostienen los denunciantes.
La Consejería afirma también que todos los escritos presentados han sido contestados “en tiempo y forma”, aunque reconoce que las respuestas “no siempre coinciden plenamente con las expectativas de la familia”, ya que las actuaciones deben equilibrar la seguridad y el bienestar de todo el alumnado, respetando los principios de inclusión, equidad y no discriminación.
En cuanto a la situación del centro, Educación niega que esté desbordado y defiende que se aplica un plan específico de intervención, supervisado por la Inspección y apoyado por el equipo de orientación, con presencia de adultos adicionales organizada “de manera profesional y coordinada”. También recuerda que la información individualizada sobre los menores no puede trasladarse a otras familias por motivos de confidencialidad.
Respecto a la reciente incorporación de una nueva alumna, la Consejería asegura que se ha realizado conforme a la normativa vigente y que su integración está siendo evaluada, con seguimiento del impacto en la convivencia del grupo.
Mientras tanto, las familias afectadas insisten en que la situación real que viven los niños dista de estar controlada y reclaman medidas eficaces que garanticen la seguridad y el bienestar emocional de todos los menores en el aula.
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