La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha reafirmado este miércoles la postura del Ejecutivo regional en defensa del agua para la comunidad autónoma, subrayando que se trata de una cuestión de “coherencia y sentido común”. En este contexto, ha insistido en la necesidad urgente de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, una decisión que, según ha denunciado, el Gobierno central debería haber adoptado hace ya 16 meses.
Ante la falta de respuesta, el Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page ha decidido acudir a los tribunales para forzar ese cambio. Padilla ha explicado que esta acción responde al incumplimiento de los caudales ecológicos fijados por la ley y respaldados por sentencias del Tribunal Supremo. “No estamos ante una discusión política, sino ante una obligación legal y medioambiental”, ha subrayado.
La portavoz ha defendido que la posición del Gobierno regional es “coherente y responsable”, al tiempo que busca proteger los intereses de Castilla-La Mancha, garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y preservar el medio ambiente.
Padilla ha criticado además la falta de respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, señalando que en más de un año no ha habido contestación oficial ni diálogo institucional. En este sentido, ha lamentado que la vicepresidenta tercera no haya dedicado tiempo a abordar un asunto que ha calificado de “clave y estratégico”. No obstante, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico estaría dispuesto a retirar el recurso si se producen avances concretos.
En relación con las críticas procedentes del Levante, la consejera ha defendido la “solidaridad histórica” de Castilla-La Mancha, que durante 47 años ha contribuido al trasvase Tajo-Segura con más de 15.148 hectómetros cúbicos de agua. Según ha destacado, esta cantidad habría permitido abastecer a toda España durante seis años, lo que, a su juicio, desmonta cualquier acusación de insolidaridad.
Asimismo, ha rechazado que la demanda responda a intereses políticos o “hipocresía”, insistiendo en que ninguna comunidad autónoma debe ver condicionado su desarrollo por el perjuicio continuado a otra. Ha reiterado que la justicia respalda la postura regional al constatar el incumplimiento de los caudales ecológicos.
Finalmente, Padilla ha dirigido críticas a la oposición, a la que ha acusado de no defender los intereses de Castilla-La Mancha ni apostar por la sostenibilidad. En particular, ha reprochado su falta de confrontación con sus dirigentes nacionales y ha advertido de que, de gobernar en España, se incrementarían los trasvases y se mantendrían políticas anteriores que ha calificado como perjudiciales para la región.
El Gobierno autonómico, ha concluido, mantendrá una posición firme en defensa de Castilla-La Mancha frente a cualquier decisión que considere lesiva para sus intereses.
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