El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado el primer paso para actualizar el Estatuto de las Mujeres Rurales, una norma pionera aprobada en 2019, tras culminar un proceso de evaluación participativa que permitirá adaptar la ley a los nuevos retos del medio rural sin renunciar a los avances logrados durante sus seis primeros años de vigencia.
La iniciativa, impulsada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se basa en un diagnóstico elaborado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), que concluye que el Estatuto ha cumplido con éxito los objetivos para los que fue creado y se ha consolidado como una herramienta eficaz para fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito rural.
El estudio servirá de base para una futura modificación de la Ley 6/2019 con el objetivo de reforzar aquellos instrumentos que han demostrado una mayor capacidad para impulsar la participación femenina en el sector agrario y en los órganos de representación.
La evaluación refleja una evolución positiva desde la entrada en vigor del Estatuto. Uno de los datos más significativos es el incremento de la presencia de mujeres en los órganos directivos de las organizaciones agrarias y de desarrollo rural de Castilla-La Mancha, que han pasado de contar con entre un 7% y un 30% de representación femenina en 2019 a alcanzar actualmente una composición equilibrada, con porcentajes situados entre el 40% y el 60%.
También se constata un aumento de la participación de las mujeres en los consejos rectores de las cooperativas agroalimentarias de la región, donde la representación ha crecido del 7% al 12% entre 2015 y 2023.
Asimismo, los proyectos promovidos por mujeres y financiados a través de los Grupos de Desarrollo Rural han experimentado un notable incremento, pasando del 7% al 26% tras la aplicación del Estatuto.
El proceso de evaluación ha contado con la participación de las principales organizaciones agrarias y de desarrollo rural de Castilla-La Mancha, entre ellas ASAJA, UPA, Cooperativas Agroalimentarias y RECAMDER, además de sindicatos, asociaciones de mujeres, entidades de personas con discapacidad, personal de la Consejería de Agricultura y del Instituto de la Mujer.
Según destaca el Ejecutivo autonómico, este trabajo colaborativo ha permitido analizar el funcionamiento real de la norma desde la experiencia práctica y alcanzar un amplio consenso sobre los aspectos que conviene reforzar en una futura reforma.
Entre las principales recomendaciones figura reforzar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de gobierno de las organizaciones agrarias, actualizar las medidas de acción positiva previstas en el Estatuto para adaptarlas a la realidad actual del sector, mejorar los mecanismos de seguimiento mediante un sistema estable de indicadores e incorporar una perspectiva interseccional que permita atender la diversidad de situaciones que viven las mujeres rurales.
El Gobierno regional considera que estas propuestas constituyen una base técnica sólida para actualizar el Estatuto y continuar avanzando en una política pública basada en la evaluación, la participación y la mejora continua.
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