El presidente de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), Dionisio González Otero, sigue su particular lucha contra el monopolio que ejerce la ONCE en el juego en nuestro país utilizando como única arma la huelga de hambre que inició hace ya 12 días. Después de recibir la visita de un médico y una enfermera, para constatar que su salud no revestía ningún tipo de problema grave, a salvedad de una tensión algo más alta de lo normal, el presidente recibió a La Voz del Tajo con la entereza de una persona que está luchando por los derechos de sus casi 4.000 trabajadores. Lejos de abandonar la batalla, González confirmó que “seguiremos hasta que el cuerpo aguante”, de hecho toma por las mañanas ajo con un poco de miel para evitar un resfriado que merme sus condiciones físicas. Junto con agua y suero son la dieta que lleva desde hace casi dos semanas.
El presidente se siente orgulloso de su equipo y del alcance que están teniendo sus quejas a través de las redes sociales, algo que no consiguen con los medios de comunicación, más allá de los locales o provinciales. Su lucha es férrea debido a que los principios que la han motivado se asientan en el valor de la “igualdad”. Así, González exigió que “la ONCE no puede ser una organización extraordinaria y excluyente para los demás”, por lo que recordó que “la Constitución ha refrendado la libre competencia y la Audiencia Nacional, que nos ha dado la razón en 134 resoluciones, defiende que en Europa están prohibidos los monopolios en letra y en espíritu”. De esta forma, recuerda que su petición es tener un sorteo propio, tal y como pidieron al iniciar su actividad al Gobierno nacional, para no tener -a su vez- que depender de la ONCE, y así “todos quedaríamos contentos”.
27 años ejerciendo su actividad cumplirán el próximo mes de marzo y 24 en la actividad del juego no han sido suficientes para que se les reconozcan en las mismas condiciones, recordando que en la OID no existe ningún tipo de exención en los impuestos, mientras que en la ONCE hay además de esto importantes subvenciones. Además, lamentó que no permitan que se den de alta en la Seguridad Social a los vendedores, ya que lo consideran una actividad “ilegal”, algo que no sucede con otros trabajadores, como los administrativos.
“Todos cabemos en la sociedad, que vivan y nos dejen vivir”, recalcó, al tiempo que definió esta guerra como “un abuso manifiesto e injustificado”. 134 resoluciones avalan la legalidad de la organización, insisten, respaldadas por la Audiencia Nacional y ratificadas por el Tribunal Supremo, ya que “se dice que el juego está despenalizado, no tenemos deudas en premios y hemos puesto en conocimiento de la administración nuestra actividad desde el minuto uno”, concluyó el presidente.
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