El Ayuntamiento de Toledo ha presentado este lunes el proyecto de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una iniciativa que afectará exclusivamente al Casco Histórico con el objetivo de proteger el patrimonio, reducir la presión del tráfico y mejorar la calidad de vida en uno de los entornos más emblemáticos de la ciudad.
El concejal de Movilidad y Régimen Interior, Iñaki Jiménez, ha sido el encargado de detallar una medida que ha calificado como “obligatoria, necesaria y viable”, y que cumple con las exigencias legales de la Ley de Economía Sostenible de 2011 y la Ley del Cambio Climático de 2021.
El proyecto, actualmente en periodo de información pública, delimita el perímetro afectado entre el río Tajo y la muralla de la ciudad. El acceso estará controlado mediante pilonas en cuatro puntos estratégicos: la Puerta de Bisagra, la Cuesta de Doce Cantos, la calle Gerardo Lobo y el Paseo de Recaredo. Estos dispositivos estarán operativos las 24 horas del día, todos los días de la semana, salvo durante las tres horas diarias habilitadas para carga y descarga.
La restricción afectará a los vehículos sin distintivo ambiental, pero no a los residentes empadronados en Toledo, independientemente del barrio de origen o del tipo de etiqueta. “Todos los vehículos de cualquier barrio de la ciudad, empadronados en Toledo, podrán acceder al Casco Histórico sin problema, aunque no tengan etiqueta”, ha subrayado Jiménez, quien ha recordado además que existirá una moratoria hasta el 31 de diciembre de 2030. Durante este periodo, los no residentes también podrán acceder, aunque únicamente para estacionar en aparcamientos y no en zonas reguladas como las verdes o azules, reservadas a residentes.
El listado de vehículos exentos incluye aquellos con distintivo ambiental Cero, ECO y C; los de servicios de emergencia y seguridad; los destinados a personas con movilidad reducida; los empadronados hasta 2030; y los de carga y descarga en horario establecido.
El concejal también ha anunciado cambios en la regulación del estacionamiento en el Casco. Las actuales zonas azul y naranja serán reconvertidas en zonas verdes con el objetivo de aumentar el número de plazas para residentes. Actualmente, existen 1.060 plazas verdes exclusivas para empadronados, 295 naranjas y 248 azules. Fuera de la zona regulada por ORA, el entorno de la ciudad cuenta con más de 3.300 plazas adicionales en áreas como Recaredo, Palacio de Congresos, El Corralillo, los Juzgados, Santo Tomé, el Alcázar, el Seminario o los aparcamientos disuasorios de Safont, Azarquiel y Santa Teresa.
La propuesta se apoya también en el refuerzo del transporte público no contaminante. La ciudad dispone de 33 autobuses urbanos (cinco eléctricos y 28 de gas), con 17 líneas que dan acceso al Casco Histórico, además de los remontes mecánicos de Recaredo y Safont. A esto se suma el sistema integral de control de accesos Simusek, que permite regular la entrada de vehículos desde la sala Juanelo Turriano de la Policía Local.
Los datos ofrecidos por el concejal reflejan una elevada densidad de tráfico en la zona: acceden semanalmente unos 186.000 vehículos, lo que equivale a 26.000 diarios. Más de la mitad no corresponden a residentes. Jiménez ha hecho hincapié en que el Casco Histórico cuenta con 10.155 habitantes y 9.555 vehículos censados, lo que se traduce en 94 coches por cada 100 vecinos, frente a los 62 de Santa Bárbara o los 66 de Santa María de Benquerencia. Este dato ha llevado al Ayuntamiento a anunciar medidas contra el empadronamiento fraudulento en el centro.
El calendario de implantación del proyecto comenzó el pasado 10 de julio y estará en información pública hasta el 27 de agosto. Del 28 de agosto al 17 de septiembre se podrán presentar alegaciones por parte de ciudadanos, empresas o entidades. Tras su aprobación en Junta de Gobierno Local, se abrirá otro periodo de alegaciones para los grupos políticos hasta el 3 de octubre. El Pleno del Ayuntamiento tiene previsto aprobarlo de forma inicial el 9 de octubre, con exposición pública hasta el 21 de noviembre. La aprobación definitiva se espera para el 28 de noviembre, y la entrada en vigor será el 23 de diciembre de 2025.
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