La representación de los trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz ha hecho público un manifiesto en el que expresan su “máxima preocupación e incertidumbre” ante el futuro de la instalación, cuyo horizonte de cierre está fijado entre los años 2027 y 2028 según lo establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
En el documento, los representantes laborales instan a las empresas propietarias de la central a solicitar “la renovación de la autorización de explotación más allá del plazo previsto”, al tiempo que piden al Gobierno de España que “acepte dicha solicitud” para, según señalan, garantizar la continuidad de una infraestructura que consideran “clave para el sistema energético nacional”.
El texto también apela a ambas partes –empresas propietarias y Gobierno– a establecer un “diálogo responsable y transparente” que permita analizar en profundidad la posibilidad de prolongar la actividad de las centrales nucleares en España, incluida Almaraz, con el objetivo de “evitar consecuencias catastróficas para el entorno local, para la comunidad extremeña y para el conjunto del país”.
La representación sindical solicita además al Ejecutivo de Extremadura que “lidere este proceso” y proponga soluciones que “permitan el mantenimiento de la central”, una instalación que, según afirman, genera cerca de 4.000 empleos y representa aproximadamente “el 5 % del Producto Interior Bruto de Extremadura”.
En el manifiesto se hace referencia a “recientes movimientos en el entorno europeo”, entre los que citan la inclusión de la energía nuclear en la taxonomía verde comunitaria, la ampliación del funcionamiento de reactores en Bélgica o la declaración conjunta de once Estados miembros de la UE en defensa del uso de esta fuente energética en el contexto de la transición ecológica.
La plantilla defiende que la continuidad de Almaraz “es esencial para asegurar un suministro energético estable y competitivo”, algo que consideran necesario para atraer nuevas inversiones estratégicas en sectores como el de las baterías, el almacenamiento de datos o las infraestructuras ferroviarias. También subrayan que la central constituye “uno de los nodos de interconexión más relevantes de la red eléctrica española”, y que su funcionamiento “garantiza la estabilidad del sistema eléctrico y facilita la integración de renovables”.
Desde la representación de trabajadores se advierte de que “el impacto del cierre no solo recaería sobre el Campo Arañuelo o Extremadura”, sino que afectaría a un eje económico y de transporte que, aseguran, une la región con Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. En su opinión, “renunciar a esta fuente de energía sería hipotecar el desarrollo, la cohesión territorial y el progreso de comunidades que aspiran a un futuro más justo”.
El manifiesto también critica la posibilidad de que se esté negociando lo que denominan una “excepción nuclear catalana”, que permitiría mantener en funcionamiento reactores en esa comunidad. Según los firmantes, “de confirmarse, supondría un agravio insoportable para Extremadura”, a la que acusan de ser “castigada” con el cierre de su “principal industria y fuente de empleo de alta calidad”.
“El shock económico que tendría en la zona el cierre de Almaraz aleja una vez más a nuestra tierra del desarrollo”, afirman, asegurando que la región volvería a quedar “como la gran olvidada de España”. La representación sindical advierte que “no tolerarán ese agravio” y anuncia el inicio de un “calendario de acciones y movilizaciones” a partir de septiembre para denunciar públicamente esta situación. “Lucharemos con todas nuestras fuerzas para impedir el cierre de la principal industria de Extremadura”, concluye el manifiesto.
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