El Gobierno regional defiende unos presupuestos centrados en el gasto social y el crecimiento económico

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para 2026, destacando que estas cuentas son “vivas y apegadas a la realidad social y económica de la región”. El objetivo principal es continuar avanzando en la senda de prosperidad y bienestar iniciada en 2015, bajo el lema del presidente García-Page de “no dejar a nadie atrás”.

Durante su intervención en el Pleno de las Cortes regionales, Ruiz Molina subrayó que el presupuesto regional es “el principal instrumento de redistribución de la riqueza”, diseñado para facilitar la vida de los ciudadanos. Este ejercicio se lleva a cabo con un enfoque en la transparencia y con “el rigor y la responsabilidad” necesarios para gestionar recursos que pertenecen a la población.

Los presupuestos comenzaron su andadura el 21 de octubre con su aprobación en Consejo de Gobierno, en un contexto caracterizado por una “normalidad y estabilidad política e institucional”. Esto contrasta con el clima nacional actual, permitiendo al Gobierno regional cumplir sus compromisos adquiridos con los ciudadanos. Se espera que estos presupuestos sean aprobados en tiempo y forma para entrar en vigor el 1 de enero del próximo año.

UN ESCENARIO ECONÓMICO FAVORABLE

Ruiz Molina destacó que estos presupuestos se desarrollan dentro de un “escenario económico y financiero muy positivo”, respaldado por proyecciones macroeconómicas conservadoras avaladas por organismos como Moody's y Fitch. Estos han mejorado la calificación crediticia de la región, mientras que datos del Banco de España indican que Castilla-La Mancha ha reducido significativamente su deuda pública respecto al PIB desde 2015.

Además, el INE ha confirmado que Castilla-La Mancha presenta una tasa de crecimiento del 29,5% desde la pandemia, superando así el promedio nacional. En cuanto al empleo, se ha alcanzado el mayor volumen histórico de ocupación, con 940.000 personas empleadas. Desde que García-Page asumió el gobierno, se han creado más de 219.000 puestos laborales.

Otro dato relevante es que Castilla-La Mancha ha incrementado notablemente el número de mujeres trabajadoras y jóvenes ocupados en los últimos años. La confianza empresarial también refleja esta tendencia positiva, posicionando a la región como líder en este aspecto. A esto se suma una inflación contenida del 2,7%, siendo la cuarta más baja del país.

PRIORIDADES: GASTO SOCIAL Y EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

El consejero enfatizó que el gasto social será el eje central del presupuesto, priorizando áreas fundamentales para mantener el Estado del Bienestar. Este enfoque se combina con un compromiso hacia un equilibrio presupuestario sin incrementar la deuda pública. La condonación parcial de deuda podría significar una reducción significativa para Castilla-La Mancha.

El esfuerzo fiscal también incluye reducciones fiscales dirigidas a familias y jóvenes desfavorecidos. Como anunció García-Page, se prevén desgravaciones adicionales enfocadas principalmente en facilitar el acceso a vivienda para los jóvenes en 2026.

El presupuesto total asciende a 12.903 millones de euros, lo que representa un incremento del 1,5% respecto al año anterior. Sin embargo, se anticipa una disminución en los ingresos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia debido a un alto grado de ejecución ya alcanzado.

INVERSIÓN SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO

Se destinarán 7.555 millones a desarrollo social, lo cual es considerablemente superior al presupuesto inicial en 2015. Este gasto está destinado principalmente a servicios públicos esenciales que sostienen el Estado del Bienestar. El compromiso del presidente Page es destinar al menos el 70% a gasto social.

Aproximadamente 3.232 millones serán destinados a políticas económicas destinadas a fomentar empleo e innovación empresarial. Además, se asignarán recursos significativos para mejorar las condiciones laborales y consolidar un mercado laboral más dinámico.

Ruiz Molina concluyó afirmando que este presupuesto es inversor; se destinarán 1.560 millones a operaciones capitales para fortalecer infraestructuras públicas y abordar retos demográficos mediante estrategias específicas.

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