La nueva circular presentada hace unos días por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Consejo de Estado sobre la retribución de las redes eléctricas ha encendido todas las alarmas en el sector energético e industrial, comprometiendo en mayor medida la electrificación y el desarrollo industrial de territorios rurales como Castilla-La Mancha. La medida, que fija una tasa de retribución financiera del 6,58 %, muy por debajo de la media europea —entre el 7,5 % y el 8 %—, supondrá un recorte anual de unos 650 millones de euros en la retribución a las empresas distribuidoras.
De apoyarse el Gobierno de España en esta circular, se abriría una profunda brecha territorial, que afectará especialmente a zonas despobladas. El nuevo modelo de retribución a las redes eléctricas discrimina de facto a las comunidades autónomas rurales, como Castilla-La Mancha, donde la densidad de población es baja y los costes de extensión de red son mayores. La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha señalado en un comunicado que esto supone, por un lado, una imposibilidad de obtener capital y, por otro, un desincentivo a la inversión en un momento en el que se requiere un gran despliegue de infraestructuras eléctricas.
En la región, las dos grandes organizaciones empresariales de la región, CECAM y Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, han firmado un manifiesto en el que más de Más de 50 asociaciones industriales y vivienda alertan sobre el riesgo de colapso en las redes ante la circular de la CNMC.
En comunidades como Castilla-La Mancha, esta situación adquiere un carácter crítico. Las eléctricas ya habían advertido que sería necesario incrementar un 70 % las inversiones en redes entre 2025 y 2027 para garantizar el suministro energético que precisa la industria, acompañar la descarbonización y atender las nuevas demandas de almacenamiento de datos que estamos conociendo en los últimos tiempos.
En la práctica, solo las zonas con alta concentración urbana o industrial podrán acceder a nuevas conexiones eléctricas, mientras que los territorios con población dispersa verán comprometido su futuro económico y social por algo tan básico como no disponer de un cable o una línea de alta tensión.
Esta postura condenaría a España a una doble velocidad energética: una, donde se instalan las empresas, los centros de datos, las nuevas promociones de viviendas y las oportunidades; y otra, donde se apagarán según las previsiones de las eléctricas las luces del desarrollo rural.
El ahorro para los consumidores con una medida cortoplacista como esta apenas es de 1,8 euros mensuales por cliente. Es decir, insignificante frente al impacto que puede tener sobre la inversión industrial, el empleo y la calidad del suministro. La propia memoria económica de la CNMC contempla además un recorte del 16 % en los costes operativos (OPEX), lo que, según advierten las compañías eléctricas a través de Aelec, compromete el mantenimiento de una red ya tensionada y envejecida.
Actualmente, el 85 % de los nudos eléctricos del país están saturados, y solo se atiende un 10 % de las solicitudes de conexión industrial. Esta limitación ha paralizado proyectos por valor de entre 60.000 y 100.000 millones de euros, y amenaza con ahuyentar inversiones hacia países donde la retribución y la estabilidad regulatoria resultan más atractivas.
El riesgo de esta medida que desincentiva las inversiones en redes no es solo energético, sino territorial. Unas redes infrafinanciadas pueden provocar fallos de suministro en zonas rurales e industriales, profundizando la brecha entre la España urbana y la España rural. Sin redes modernas no habrá fábricas, ni centros de datos, ni nuevas viviendas; y sin industria ni empleo, tampoco habrá población que fijar en los municipios rurales de Castilla-La Mancha.
La circular, además, contradice las orientaciones del propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que aboga por elevar los límites de inversión un 62 % para anticiparse a la electrificación de los sectores productivos. En lugar de facilitar el acceso a la energía, la CNMC limita la inversión en aquellas zonas donde la conexión resulta más costosa, lo que puede generar una brecha energética y social en territorios periféricos y tan extensos como Castilla-La Mancha.
El deterioro de la calidad del servicio es otro riesgo evidente. La Comisión Europea estima que entre el 40 % y el 55 % de las líneas de baja tensión superarán los 40 años de antigüedad en 2030. A la vez, la longitud total de las redes apenas ha crecido un 1 % en la última década. Reducir un 36 % los costes de mantenimiento reconocidos, como plantea la CNMC, podría agravar aún más la fragilidad del sistema.
El apagón del pasado 28 de abril de 2025, que dejó sin luz a millones de personas en España y Portugal durante horas, fue un recordatorio de la importancia de unas redes eléctricas robustas y resilientes. Sin inversión, los sistemas no solo corren riesgo de apagones de luz, sino también de apagones tecnológicos que afectarían a la conectividad, el almacenamiento de datos y el funcionamiento de la inteligencia artificial.
Los expertos son claros: apostar por la electrificación es apostar por un desarrollo medioambiental y económicamente sostenible. Reducir la inversión en redes significa frenar la movilidad eléctrica y la integración de renovables, pilares de la transición energética a la que están obligadas las sociedades modernas. Castilla-La Mancha, con su potencial renovable y su territorio rural, podría ser uno de los grandes motores de esa transformación. Pero sin una regulación que premie la inversión y la planificación a largo plazo, la región corre el riesgo de quedar al margen de la nueva economía.
España debería estar invirtiendo 4.300 millones de euros anuales en redes de distribución —más del doble de los niveles actuales— para atender la nueva demanda industrial y digital.
El desarrollo de la España rural pasa, inevitablemente, por la electrificación. Y esta, por una red moderna, digital y bien financiada.
Porque sin redes, no hay industria; sin industria, no hay empleo; y sin empleo, no hay futuro rural.
Si (
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