La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha dado la razón a CCOO Toledo tras las denuncias presentadas contra la empresa Helados Casty de Talavera de la Reina y ha constatado diversos incumplimientos en materia de seguridad y salud laboral, especialmente relacionados con las condiciones de trabajo en cámaras frigoríficas y el reconocimiento de la antigüedad de parte de la plantilla.
Así lo han explicado este jueves en rueda de prensa el secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO Toledo, Javier García, y la delegada sindical de CCOO en Helados Casty, Alejandra Rodríguez, quienes han denunciado una “batería de fraudes e incumplimientos laborales” en la compañía gestionada por la familia Fernández Castillejo.
Según detalló el sindicato, la Inspección ha confirmado que la empresa incumple la normativa sobre descansos obligatorios para trabajos realizados en cámaras frigoríficas por debajo de los -18 grados. La legislación establece pausas de 15 minutos no recuperables por cada 45 minutos trabajados, con un máximo de seis horas de exposición. Sin embargo, la empresa estaría aplicando únicamente dos descansos de 20 minutos cada ocho horas, tiempo que posteriormente obliga a recuperar durante los fines de semana.
“Esto es canallesco y desalmado, una tropelía que los trabajadores vienen sufriendo desde hace décadas”, denunció García, quien también criticó la ausencia de un sistema adecuado de registro del tiempo efectivo de permanencia en las cámaras frigoríficas.
Como consecuencia, la Inspección ha requerido a la empresa la implantación inmediata de un sistema de control horario específico y el cumplimiento estricto de los descansos establecidos por la normativa laboral.
RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD Y PAGOS ATRASADOS
La resolución de la Inspección también obliga a Helados Casty a reconocer la antigüedad de más de una treintena de trabajadores y trabajadoras que, según CCOO, habían sido contratados de manera irregular mediante ETT, contratos temporales en fraude de ley o a través de distintas empresas del grupo para evitar dicho reconocimiento.
La empresa deberá abonar ahora 10.519 euros en concepto de atrasos salariales y otros 9.964 euros por infracotización a la Seguridad Social.
Desde el sindicato consideran “inadmisible” que una compañía con beneficios superiores a los 30 millones de euros anuales mantenga estas prácticas laborales. “Es la empresa del país que peor paga y peor trata a sus empleados”, aseguró García.
DENUNCIAN GRAVES RIESGOS PARA LA SEGURIDAD DE LA PLANTILLA
Durante la comparecencia, la delegada sindical Alejandra Rodríguez trasladó la preocupación de la plantilla por las condiciones de seguridad en la fábrica. Según relató, el pasado viernes se produjo una importante fuga de amoníaco que provocó que una trabajadora cayera inconsciente y tuviera que ser trasladada en UVI móvil al hospital, donde permanece de baja médica.
La empleada sufrió graves quemaduras en la tráquea y, según explicó Rodríguez, “podría haber muerto” de haber ingerido agua tras la inhalación del gas. La sindicalista aseguró que no es la primera vez que se producen episodios similares y denunció la inexistencia de protocolos de actuación y de equipos de protección adecuados frente a este tipo de emergencias químicas.
CCOO también acusa a la empresa de no evacuar completamente la fábrica tras la fuga, permitiendo únicamente la salida de los trabajadores situados en la zona más próxima al escape mientras el resto continuaba trabajando “expuesto al gas tóxico”.
Además, el sindicato ha presentado esta misma semana una nueva denuncia por “riesgo grave e inminente” relacionada con el uso de sosa cáustica en las labores de limpieza. Según Rodríguez, el personal realiza estas tareas “sin formación específica” y mientras la actividad productiva continúa en marcha.
“Por 1.100 euros netos nos estamos jugando la integridad física”, lamentó la delegada sindical.
ACUSAN A LA EMPRESA DE REPRESIÓN SINDICAL
Por último, Rodríguez denunció una situación de “grave represión sindical”, señalando directamente a Pablo Fernández Castillejo. Según explicó, se habría cortado el suministro eléctrico de la caseta sindical y se le impide permanecer en las zonas comunes donde la plantilla descansa o toma café, dificultando así la comunicación con los trabajadores durante sus pausas.
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