El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de 21 nuevas plazas de jueces y ocho de fiscales en Castilla-La Mancha, una medida que permitirá incrementar la plantilla judicial de la comunidad un 9,7% y la fiscal un 8%, en el que será el mayor aumento registrado en un solo año en la región.
La ampliación forma parte del plan del Gobierno para reforzar el Servicio Público de Justicia en todo el país, que contempla la creación de 700 nuevas plazas: 500 para la carrera judicial y 200 para la Fiscalía. Según el Ejecutivo, se trata del mayor incremento de efectivos aprobado hasta la fecha y supera el número de plazas creadas durante la última década.
En el caso de Castilla-La Mancha, las 21 plazas judiciales igualan por sí solas el número de nuevos jueces incorporados a la comunidad en los últimos diez años. De ellas, 18 estarán destinadas a tribunales de instancia, una se incorporará a la Audiencia Provincial de Toledo y las dos restantes serán plazas de adscripción territorial, que podrán destinarse a distintos órganos en función de las necesidades derivadas de la carga de trabajo.
Los refuerzos llegarán a los tribunales de instancia de Toledo, Talavera de la Reina, Torrijos, Ocaña, Illescas, Guadalajara, Cuenca, Puertollano, Ciudad Real y Albacete, entre otros.
En cuanto a la Fiscalía, las ocho nuevas plazas permitirán elevar un 8% la plantilla en la comunidad autónoma. A nivel nacional, las 200 incorporaciones servirán para reforzar áreas como los delitos de odio y discriminación, la trata de personas y extranjería, la violencia sobre la mujer, la cooperación penal internacional, la criminalidad informática y la protección de datos.
Tras la reunión del Consejo de Ministros, el ministro Félix Bolaños ha calificado la medida de "hito histórico" y ha asegurado que nunca antes un Gobierno había impulsado una ampliación de esta magnitud en las plantillas de jueces y fiscales ni destinado tantos recursos a la modernización de la Administración de Justicia.
El Ejecutivo enmarca esta ampliación en el proceso de transformación del sistema judicial impulsado a través de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituye el modelo tradicional de juzgados unipersonales por tribunales de instancia con una organización más flexible y una oficina judicial común.
Según el Gobierno, la distribución de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a criterios como la carga de trabajo, la litigiosidad y la evolución de la población, además de las necesidades trasladadas por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia.
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