El Gobierno ha abierto la vía para que los ciudadanos afectados por los episodios meteorológicos adversos registrados en los últimos tres meses puedan solicitar ayudas de recuperación. Castilla-La Mancha ha sido declarada zona afectada por emergencia de protección civil, tras sufrir los efectos de las sucesivas borrascas que han azotado la región y otras provincias españolas entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026.
La medida, aprobada por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio del Interior, reconoce los daños ocasionados en infraestructuras, servicios públicos y viviendas, así como los perjuicios a la población en general.
En Castilla-La Mancha, como en otras comunidades, las autoridades autonómicas activaron sus planes de protección civil ante la intensidad de los episodios, que incluyeron lluvias persistentes, viento, nevadas y fenómenos costeros. Esta declaración permitirá a los damnificados acceder a ayudas para paliar daños personales y materiales, tanto en viviendas como en enseres, así como a subvenciones para establecimientos industriales, mercantiles y de servicios afectados por la emergencia.
El Gobierno también contempla la posibilidad de eximir del pago de ciertas tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, como duplicados de permisos de conducción o circulación y bajas de vehículos siniestrados, así como la expedición del DNI. Además, la declaración de zona afectada abre la puerta a otras medidas en distintos ámbitos, como beneficios fiscales, ayudas laborales y de Seguridad Social, subvenciones a corporaciones locales y actuaciones urgentes en infraestructuras públicas y dominio público, para garantizar la normalización de los territorios afectados.
A nivel nacional, el Consejo de Ministros ha incluido un total de 76 episodios catastróficos que afectaron a catorce comunidades autónomas y a la ciudad de Ceuta. Se trata, en su mayoría, de borrascas sucesivas que provocaron lluvias intensas, nevadas, descensos térmicos, viento y fenómenos costeros, con impacto en la movilidad, los servicios esenciales y la vida cotidiana.
Entre ellas destacan las borrascas Emilia, Francis, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo y Marta, que se sucedieron desde noviembre hasta febrero, afectando a Galicia, Illes Balears, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Comunidad de Madrid y otras regiones.
El acuerdo también recoge otros tipos de emergencias, como incendios forestales e industriales, incidentes químicos y accidentes en el transporte de mercancías, que requirieron la activación de planes de protección civil y la adopción de medidas de protección de la población y de los bienes. Con independencia del nivel de activación de los planes autonómicos, el Estado adopta estas medidas extraordinarias para contribuir al restablecimiento de la normalidad en los territorios más afectados, en coordinación con las administraciones locales y autonómicas.
Las ayudas aprobadas hasta el momento son de carácter subsidiario a las que puedan otorgar las comunidades autónomas y entidades locales, y su concesión definitiva estará condicionada a la acreditación de los daños producidos mediante los procedimientos establecidos por cada departamento ministerial competente. Una vez evaluados los efectos de las borrascas en colaboración con las administraciones territoriales, el Gobierno podrá adoptar medidas complementarias que refuercen la recuperación de las zonas afectadas.
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