El Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a cerrar la puerta al modelo de financiación autonómica impulsado por el Ministerio de Hacienda y pactado con la Generalitat de Cataluña y ERC, una posición que complica aún más la tramitación de una reforma que, a día de hoy, no cuenta con el respaldo de ninguna comunidad autónoma de régimen común.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha reiterado esta semana —tal y como informó La Voz del Tajo— que el Ejecutivo regional no apoyará “un sistema basado en el principio de ordinalidad”, al considerar que consolida ventajas para los territorios con mayor capacidad de generar ingresos y rompe el principio de igualdad entre comunidades autónomas.
"Este modelo no debe ser aprobado", defendió Ruiz Molina, quien calificó la propuesta de "despropósito" para quienes defienden "la igualdad de todos los españoles y españolas con independencia de su capacidad económica y del lugar donde residan".
La postura del Gobierno de Emiliano García-Page no es nueva. Castilla-La Mancha ya rechazó hace seis meses el acuerdo presentado por el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ahora vuelve a reafirmar ese rechazo tras la nueva ronda de contactos impulsada por el departamento ministerial.
Además, el presidente regional ha asegurado este viernes, 26 de junio, que defenderá "mañana, y no solo mañana" que esta región no va "a admitir bajo ningún concepto que en medio de tanta inmoralidad" se abra paso algo que también le parece "inmoral" y es "que se mercadee, se negocie, con el principio de igualdad, por ejemplo en la financiación de los territorios a favor de privilegios pactados con independentistas".
ASTURIAS TAMBIÉN RECHAZA LA REFORMA Y AGRAVA EL AISLAMIENTO DEL GOBIERNO. Si el rechazo de Castilla-La Mancha ya suponía un importante revés para el Ejecutivo central, la negativa de Asturias terminó de confirmar el peor escenario para Hacienda.
Tras reunirse con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, el consejero asturiano de Hacienda, Guillermo Peláez, dejó claro que el Principado mantiene su voto en contra mientras la propuesta conserve la estructura presentada a comienzos de año. "El modelo, tal y como está planteado, es insuficiente. Asturias necesita más y, por tanto, mantenemos nuestro voto en contra de la propuesta", señalaron desde el Gobierno asturiano.
Aunque con un tono más moderado que Castilla-La Mancha, el mensaje fue el mismo: la comunidad no respaldará una reforma que considera insuficiente para sus necesidades financieras. Con ello, las dos autonomías gobernadas por el PSOE que aún podían ofrecer cierto respaldo político al Ejecutivo de Pedro Sánchez se alinean con el resto de comunidades de régimen común, que ya habían mostrado su oposición al acuerdo.
HACIENDA MANTIENE SU HOJA DE RUTA PESE AL RECHAZO GENERALIZADO
A pesar de la falta de apoyos territoriales, el Ministerio de Hacienda mantiene su intención de continuar con la reforma. La previsión del Gobierno pasa por llevar el texto al Consejo de Política Fiscal y Financiera antes del verano, incorporar algunos ajustes técnicos y remitir posteriormente el proyecto al Congreso de los Diputados para su tramitación durante la segunda mitad del año, con el objetivo de que el nuevo sistema pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero.
Desde el departamento que dirige Arcadi España insisten en que la propuesta mejora la financiación autonómica, con un incremento estimado de 21.000 millones de euros respecto al modelo actual, y consideran que el rechazo de las comunidades no invalida la iniciativa.
UN CONGRESO SIN MAYORÍAS CLARAS
El principal obstáculo para el Ejecutivo no se encuentra únicamente en las comunidades autónomas, sino también en el Parlamento. Al rechazo anunciado por PP y Vox se suma la posición de Junts, que reclama para Cataluña un sistema similar al concierto económico del País Vasco y Navarra, además del previsible voto en contra de Coalición Canaria.
Este escenario deja muy comprometida la aprobación de una reforma que, además de no contar con el respaldo de ninguna comunidad autónoma de régimen común, tampoco dispone por ahora de una mayoría parlamentaria garantizada.
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