El Gobierno de Castilla-La Mancha ha endurecido este lunes su discurso contra la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica impulsada por el Ejecutivo central.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha acusado al Ministerio de Hacienda de actuar con "falta de transparencia" y ha asegurado que el modelo planteado supone un "chantaje" para el resto de comunidades autónomas.
En una rueda de prensa celebrada este lunes, Ruiz Molina ha sostenido que el acuerdo sobre la financiación "ya está cerrado" entre el Gobierno central, ERC y la Generalitat de Cataluña, por lo que ha criticado que el resto de autonomías no hayan participado en una negociación que considera determinante para el futuro del sistema.
"Estamos ante un contrato de adhesión, un acuerdo ya cerrado con un partido político y con una comunidad autónoma concreta, que es profundamente injusto porque genera privilegios para una comunidad autónoma y agravios para las demás", ha afirmado el consejero.
Las declaraciones llegan en la víspera de la reunión técnica convocada por el Ministerio de Hacienda para preparar el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), previsto para el 29 de julio y en el que se abordará la reforma del modelo de financiación.
Ante ese encuentro, el responsable regional de Hacienda ha reclamado que todas las comunidades dispongan de la misma información durante el proceso. En este sentido, ha pedido al ministro de Hacienda, Arcadi España, que Castilla-La Mancha tenga acceso a los mismos datos que, según ha señalado, ya conocerían la Generalitat de Cataluña y Esquerra Republicana.
Ruiz Molina ha asegurado además que la propuesta del Gobierno central plantea un sistema que obligaría a las comunidades a aceptar las nuevas condiciones si quieren beneficiarse de los recursos adicionales anunciados por el Ejecutivo.
"Aquellas comunidades autónomas que no nos acogiéramos a este modelo continuaríamos con el sistema anterior y no podríamos beneficiarnos de los 21.000 millones de euros que el Gobierno está dispuesto a aportar", ha manifestado, motivo por el que ha calificado el planteamiento como un "chantaje".
El consejero también ha insistido en que un asunto de esta relevancia debería debatirse en una Conferencia de Presidentes, tal y como ha solicitado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, antes de abordarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Asimismo, Ruiz Molina ha afirmado que, según la información de la que dispone el Ejecutivo autonómico, Castilla-La Mancha es la única comunidad que ha remitido al Ministerio una propuesta propia de financiación. Un documento que, a su juicio, debería servir como base para una negociación conjunta entre todas las autonomías.
El modelo defendido por el Gobierno castellano-manchego parte del principio de igualdad entre territorios y plantea que todas las comunidades reciban la misma financiación por habitante para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales en condiciones similares.
"Castilla-La Mancha no quiere más que nadie, pero tampoco menos que nadie", ha resumido Ruiz Molina, quien ha añadido que la región aspira a recibir la misma financiación por habitante que pudiera obtener Cataluña si finalmente prospera el nuevo modelo.
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