Castilla-La Mancha vuelve a encontrar respaldo en un informe independiente para una de sus principales reivindicaciones en materia de financiación autonómica.
El último estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), correspondiente a la liquidación del sistema de financiación de 2024, sitúa de nuevo a la comunidad entre las autonomías peor financiadas por habitante ajustado, un diagnóstico que coincide con la posición que el Gobierno regional mantiene desde hace años y que ha intensificado durante el debate sobre la reforma del modelo.
El informe concluye que cada castellano-manchego recibió en 2024 un total de 196 euros menos que la media nacional y cifra en 425,45 millones de euros los recursos adicionales que necesitaría la comunidad para situarse en esa media. Castilla-La Mancha aparece junto a Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía como una de las autonomías infrafinanciadas por el actual sistema.
Estas conclusiones refuerzan la tesis que defiende el Ejecutivo de Emiliano García-Page frente a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda. Aunque el nuevo modelo supondría para Castilla-La Mancha 1.248 millones de euros más en términos absolutos, la Junta sostiene que ese incremento no corregiría la desigualdad actual y que, por el contrario, empeoraría la posición relativa de la comunidad respecto al resto de autonomías.
Según las estimaciones del Gobierno regional, Castilla-La Mancha pasaría de situarse en torno al 95,1 % de la media de financiación al 94,5 %, lo que significa que, pese a recibir más recursos, seguiría alejándose de la media nacional en financiación por habitante ajustado.
La principal crítica del Ejecutivo autonómico se dirige al principio de ordinalidad incluido en la propuesta del Ministerio, al considerar que permitiría que las comunidades con mayor capacidad fiscal, especialmente Cataluña, mantuvieran una posición privilegiada tras el reparto de los recursos.
En este sentido, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado la propuesta de reforma, fruto del acuerdo entre el Gobierno central y ERC, como "el mayor ataque a la igualdad que se ha producido en toda democracia", al entender que "el pastel que hay en la mesa es más grande, pero los trozos son mucho más injustos y solo se ha pensado en el trozo de un territorio".
La Junta defiende que el futuro sistema garantice la misma financiación por habitante ajustado para todas las comunidades en las competencias comunes y que el reparto tenga en cuenta el coste real de prestar los servicios públicos.
Para ello reclama que el modelo incorpore variables como la dispersión geográfica, la extensión del territorio, el envejecimiento de la población y la despoblación, factores que considera determinantes para comunidades como Castilla-La Mancha.
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