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Autorizan usar agua de la desaladora de Torrevieja por la "sequía" del Tajo

Autorizan usar agua de la desaladora de Torrevieja por la 'sequía' del Tajo
jueves 25 de mayo de 2017, 12:29h

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), ha otorgado al conjunto de usuarios integrados en el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) autorización para el suministro de 21 hectómetros cúbicos desde la planta desalinizadora de Torrevieja (Alicante).

La directora general del Agua del Ministerio, Liana Ardiles, ha informado este 24 de mayo de esta autorización al consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Francisco Jódar, en una reunión celebrada en Madrid.

El visto bueno de este suministro «es una medida excepcional» que posibilita el Real Decreto de sequía en vigor en el ámbito territorial de la cuenca del Segura, recordaron fuentes del Ministerio.

La autorización, que será válida hasta la fecha de finalización de la vigencia del Real Decreto por el que prorroga la situación de sequía declarada, se extiende asimismo al uso de infraestructuras del trasvase cuando tal uso sea necesario para hacer efectivo el suministro.

Gracias a este volumen de agua autorizada, un buen número de usuarios del SCRATS podrán garantizar el suministro de agua a los cultivos más vulnerables a la sequía, como es el caso de los cultivos leñosos.

TAJO SECO

Los pantanos de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, sólo almacenan 360 hm3, lo que supone un nivel de agua "no trasvasables". Una situación que se ha ido agravando por los 22 trasvases realizados dejando a los embalses de cabecera en una situación insostenible.

Las reserva no trasvasable fue fijada en el Memorándum del Tajo, recogido en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, y que fue aprobado hace cuatro años. El texto recogía un incremento paulatino de estas reservas durante cinco años, hasta alcanzar la línea roja final, fijada en 400 hm3, que entrará en vigor el 1 de enero de 2018.

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