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Los ribereños denuncian "el sinsentido" de tener que devolver 90 millones a UE por no usar desaladoras

Desaladora de Torrevieja (Alicante)
Desaladora de Torrevieja (Alicante)
lunes 06 de noviembre de 2017, 18:27h

La Asociación de Municipios Ribereños ha denunciado "el sinsentido" de que haya desaladoras sin usar en el Levante "por motivos económicos" cuando se han de devolver 90 millones de euros de ayudas a la Unión Europea (UE) por no utilizarlas. En este sentido, han apuntado que hay cuatro plantas desalinizadoras "sin producción" en la Comunidad Valenciana, otra en Almería y otra en Murcia que funciona a "medio gas".

Se trata de una situación que se produce "en plena crisis de sequía y con los políticos pidiendo nuevos trasvases", ha reprochado la asociación en una nota de prensa en la que ha recordado que la construcción de estas infraestructuras costaron 200 millones de euros y que están paradas porque "su agua cuesta más que la del trasvase Tajo-Segura". "Por no ponerlas en marcha, el Gobierno de España tiene que devolver a la UE 35 millones de euros por las plantas de Oropesa y Moncófar y otros 55 millones de euros por la de Torrevieja; 90 millones de euros en total, a costa de todos los españoles, por culpa de la desidia del Gobierno, de Camps y de Valcárcel, con los que se podría haber subvencionado la misma cantidad de agua que ha sido trasvasada desde 2015", ha lamentado el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Francisco Pérez Torrecilla.

Mientras, ha continuado Pérez Torrecilla, la sequía sigue "causando estragos y continúa el dislate desde la Comunidad Valenciana, donde su presidente, Ximo Puig, sigue pidiendo trasvases a sabiendas de que sería completamente ilegal, a tenor de la extrema situación de los embalses de cabecera del Tajo".

PSOE: 'TOMADURA DE PELO`'

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha ha solicitado la celebración de un debate general en el parlamento para analizar la existencia de 17.000 balsas de riego en Murcia, con 800 hectómetros cúbicos de agua embalsada, y la devolución de 90 millones de fondos europeos por no usar las desaladoras de Levante.

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