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COVID-19 | Empresas y autónomos pueden aplazar el rembolso de préstamos autonómicos

Billetes de 50 euros | Archivo
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Billetes de 50 euros | Archivo
jueves 26 de marzo de 2020, 08:59h
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha acordado este miércoles con los responsables de Hacienda de los distintos gobiernos regionales permitir que las empresas y trabajadores autónomos afectados por la crisis del coronavirus puedan solicitar el aplazamiento del pago de principal e interés a satisfacer en lo que resta de 2020 de los préstamos concedidos por un organismo dependiente de las Comunidades Autónomas.

La titular de Hacienda ha presidido este miércoles la segunda reunión de coordinación por videoconferencia con las Comunidades Autónomas para coordinar la respuesta económica a la situación de emergencia creada por el COVID-19.

En la misma, se ha acordado adoptar medidas de flexibilización en procedimientos tributarios para los contribuyentes que se relacionan con las Administraciones Tributarias autonómicas, en la línea del paquete de ayudas aprobado el pasado 17 de marzo en el Consejo de Ministros y que contempla, en cuanto a la suspensión de plazos en el ámbito tributario, un horizonte temporal a favor del contribuyente.

Igualmente, la ministra se ha mostrado partidaria de flexibilizar las reglas fiscales, aunque ha resaltado la importancia de prestar especial atención al Período Medio de Pago (PMP) en el ámbito de la salud para evitar cualquier problemática en el flujo comercial de los productos sanitarios.

Durante la reunión, Montero también ha avanzado a los consejeros que el Gobierno reforzará el intercambio de información con las comunidades autónomas para tener datos precisos sobre el impacto presupuestario del COVID-19.

El mayor intercambio de información se incluirá próximamente en un Real Decreto-Ley, que también contemplará otros cambios normativos para el sector productivo, ha indicado el Ministerio en un comunicado.

El encuentro también ha servido para abordar la distribución del Fondo Social Extraordinario aprobado por el Gobierno, y dotado con 300 millones de euros, para reforzar sus políticas sociales y de atención a familias, especialmente aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

El fondo se distribuirá por criterios objetivos y la población será la variable principal, aunque se tienen en cuenta otros factores como la dispersión o el porcentaje de población mayor de 65 años. La mayor parte será para Andalucía, con 51,7 millones (el 17,25%), seguida de Cataluña, con 45,5 millones (15,18%), Comunidad de Madrid, con 38,7 (12,93%) y Comunidad Valenciana, con 29,9 (10,00%).

El objetivo de este fondo, junto con otras medidas como la posibilidad de que los ayuntamientos puedan destinar hasta 300 millones de euros del superávit de 2019 a financiar los gastos de inversión en el área de servicios sociales y promoción social, es el de dotar de mayores recursos en un momento en que la emergencia sanitaria puede generar tensiones de liquidez.

115.887 MILLONES DE EUROS PARA CCAA EN 2020
En este sentido y en el marco de ese esfuerzo para que las comunidades autónomas cuenten con recursos, la ministra ha recordado que este lunes las comunidades recibieron el primer pago de la actualización de las entregas a cuenta, por valor de 1.434 millones.

Igualmente, ha indicado que los recursos que recibirán este año por el sistema de financiación autonómica no se están viendo perjudicados por el impacto negativo que el COVID-19 está teniendo sobre la economía. En concreto, las comunidades autónomas recibirán este año 115.887 millones de euros, un 7,32% más que el año anterior.

Finalmente, Montero ha reiterado que el Gobierno está defendiendo ante las autoridades europeas una propuesta para flexibilizar los fondos europeos para que las comunidades autónomas puedan utilizar estos recursos para destinarlos en el área de salud con el objetivo de sufragar las necesidades de gasto derivadas del coronavirus.

En este sentido, busca avanzar hacia una mayor intervención de la UE que permita una mayor flexibilización de los fondos y cristalice en un ambicioso plan de inversiones públicas, fundamental para abrir un proceso de reconstrucción en el ámbito social y económico una vez concluya la actual situación de emergencia.
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