La Plataforma pro Servicio Públicos cree que las sanciones atentan contra los derechos básicos de las personas
miércoles 23 de abril de 2014, 10:51h
La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y los Derechos Sociales de Talavera acordó una serie de iniciativas en relación a los procedimientos sancionadores iniciados por parte de la Subdelegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha. Afectados y afectadas por estas multas pusieron en común el alcance legal al que se enfrentan, con sanciones económicas de entre 500 y 800 euros. En primer lugar, procederán a presentar las alegaciones pertinentes y se iniciarán una serie de acciones para exigir la retirada de las sanciones y se denunciará la estrategia de desmovilización y represión que ha puesto en marcha el PP, según indican en nota de prensa. A su juicio, “estas sanciones suponen un ataque contra los derechos civiles, máxime cuando se llevan a cabo con absoluta arbitrariedad, sin motivación jurídica fundamentada, y por hechos que en ningún momento han supuesto la alteración del orden público ni la vulneración de derechos de otros ciudadanos”.
Según exponen en el escrito, las personas multadas estaban ejerciendo sus derechos fundamentales de reunión y expresión en defensa de los servicios públicos del conjunto de la ciudadanía frente a unos recortes que “amenazan con destruir el estado del bienestar”. Ante la pretensión de “amordazar al pueblo con multas y represión”, la plataforma responde definiéndolo como “la dictadura más casposa y de personas que viven ajenas al mundo en el que viven”. Los miembros de este colectivo pedirán una reunión al subdelegado del Gobierno en Toledo, José Julián Gregorio, así como se recogerán firmas para informar a la ciudadanía de esta escalada represiva y exigir la retirada de los procedimientos sancionadores.
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