La Plataforma de la Ley de Dependencia piden reunirse con Riolobos para abordar los impagos de 2011 y 2012

La Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia se manifestó contra las declaraciones realizadas por la senadora del PP Carmen Riolobos a través de un escrito. En esta línea, recuerda que entregaron 50 solicitudes pidiendo una reunión con el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, para recibir las aclaraciones oportunas sobre las modificaciones realizadas en dicha ley. Sobre el particular, todavía no han recibido noticia alguna. Así, el colectivo quiere poner a disposición de Riolobos los extractos bancarios de ingresos de nóminas (de dependencia) desde enero de 2009 hasta diciembre de 2011, con el afán de demostrar los retrasos en los pagos. Estos impagos permanentes también pueden justificarse del año 2012. En el posible encuentro con la senadora popular mostrarán sus quejas por las constantes revaloraciones de expedientes antiguos de dependientes, a los que se les ha rebajado el grado y extinguido prestaciones.

RIOLOBOS. Por su parte, Riolobos afirmó que el Gobierno regional ha pagado la deuda del PSOE con los dependientes, destinando más de 500 millones de euros para mayores, políticas de discapacidad y dependientes. “No es aceptable que el PSOE siga azuzando a los dependientes contra un Gobierno que incluyó en los presupuestos 147 millones, frente a los 26 que incluían los socialistas”, recalcó. En esta línea, señaló que para el Gobierno de Cospedal los dependientes “son una prioridad” y destacó que son más de 190.000 los castellano-manchegos que tienen reconocida algún tipo de discapacidad superior al 33%. Según sus palabras, a través de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales se presta atención a un total de 10.000 usuarios al día en 278 centros asistenciales.

Riolobos explicó que la Junta ha creado una Comisión Especial y Permanente para los Discapacitados y otra Parlamentaria para que todo el colectivo pueda participar en el diseño de las políticas que les afectan. La popular reprobó “la actitud antidemocrática que suponen las amenazas de la plataforma, en relación a forzar al Gobierno que ha resuelto la deuda que había con ellos y que da prioridad a todas sus necesidades”.