El Juzgado condena a un indigente a no acercarse a la Basílica a menos de 200 metros durante dos meses

El Juzgado número 3 de Talavera ha condenado a un indigente a no acercarse a la Basílica de la Virgen del Prado, en los Jardines del mismo nombre, a menos de 200 metros durante dos meses, del 27 de febrero al 27 de abril. La sentencia surge tras la denuncia que presentó el capellán de la Basílica, Pablo Fernández, después de ser víctima de varias agresiones verbales y, en una ocasión, también físicas.

Los hechos se remontan a septiembre del año 2011, cuando el mendigo fue invitado a abandonar la práctica de la mendicidad en la entrada principal al culto de la Basílica, debido a las malas prácticas que tenía tanto con otros similares como con los fieles que acudían al templo religioso, a los que profería insultos, amenazas y otros improperios, según relató Fernández a La Voz del Tajo, que ya hizo eco del suceso hace un año y medio.

El capellán apuntó que desde esa fecha se suspendieron dos juicios, hasta que finalmente pudo celebrarse el pasado mes de febrero. El dictamen favorable del juzgado se basa en la agresión y los malos métodos empleados por esta persona en la convivencia diaria con el entorno de la Basílica. Además, del alejamiento temporal de esta zona, el condenado tendrá que pagar las costas judiciales y una indemnización por daños físicos y morales al capellán.

Pablo Fernández explicó que “todo el mundo respira tranquilo” y añadió que “me han felicitado por lo conseguido”, ya que esta decisión del juzgado supone para todos los afectados, en uno u otro momento, una “gran libertad”.

Pese a la condena de este mendigo, el capellán hizo un llamamiento a las autoridades policiales para conseguir erradicar este tipo de “mendicidad agresiva”, dijo.

El capellán tiene todavía otro litigio pendiente con el mismo individuo, por sus “métodos mafiosos y constantes amenazas”, que no han dejado de existir. En este caso, la instrucción la llevará el Juzgado número 1 de la ciudad. En esta ocasión es una demanda por amenaza, ya que la presencia de agentes de la Guardia Civil, en septiembre de 2012, evitó la agresión física.

Fernández confía en que el juzgado se pronuncie en la misma línea teniendo en cuenta los antecedentes. Pese a su prudencia, es optimista.