Los Gobiernos de Castilla-La Mancha y Extremadura han firmado un protocolo sectorial de actuaciones que permitirá mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia que se produzcan en zonas limítrofes entre ambas comunidades autónomas.
Este acuerdo, centrado en la coordinación funcional de los Centros de Emergencia 1-1-2, ha sido rubricado por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, y por el consejero de la Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista Morán.
El objetivo principal del protocolo es establecer un marco de colaboración que facilite el intercambio de información en tiempo real y la gestión conjunta de incidentes, independientemente del lugar en el que se registre la llamada de emergencia.
Para ello, se implementarán canales de comunicación directos entre los centros de ambas comunidades, garantizando una coordinación eficaz y una respuesta más rápida y eficiente ante cualquier situación de riesgo que afecte a ambas regiones.
Según lo acordado, en caso de producirse una emergencia en un área cercana a los límites territoriales, el centro 1-1-2 correspondiente atenderá la llamada, pero toda la información relevante será compartida con el centro de la comunidad vecina. Esto permitirá activar de forma coordinada los recursos necesarios y evitar duplicidades, optimizando la respuesta operativa.
Además, el protocolo contempla la posibilidad de solicitar apoyo mutuo entre los servicios de emergencia cuando sea necesario, y establece procedimientos específicos para actuar en situaciones complejas, como la recepción simultánea de llamadas en ambas comunidades sobre un mismo incidente.
En estos casos, se compartirá de inmediato la información con los servicios alertados para valorar la continuidad de la activación y establecer la coordinación operativa.
Este nuevo protocolo sectorial se enmarca en el desarrollo del Protocolo General de Actuación firmado en marzo por los presidentes de ambas comunidades, Emiliano García-Page y María Guardiola. Aquel acuerdo sentó las bases para una colaboración más concreta en áreas clave como la atención de emergencias o la prevención y extinción de incendios forestales.