La presión de los profesionales jurídicos sobre el modelo de previsión social privado vuelve a las calles. El Movimiento #J2, que agrupa a abogados y procuradores de toda España, ha convocado dos concentraciones los próximos días 28 y 30 de junio en Madrid y Sevilla, respectivamente, para reclamar su incorporación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y exigir el desbloqueo de la tramitación parlamentaria de la ley que debe regular esta integración.
La primera de las movilizaciones tendrá lugar el viernes 28 de junio en Madrid, ante la celebración de la Asamblea General de la Mutualidad de la Abogacía, en el Espacio Pablo VI, en horario de 9:00 a 14:00 horas. La segunda está programada para el domingo 30 de junio en Sevilla, frente al Palacio de Congresos (FIBA), coincidiendo con el arranque de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo.
Desde el colectivo #J2 denuncian la “insostenible” situación que padecen miles de profesionales mutualistas, especialmente jubilados, viudas, huérfanos y personas enfermas, así como aquellos en activo, al carecer de pensiones equiparables a las del sistema público. Consideran “inaceptable” que, en pleno 2025, sigan existiendo diferencias de derechos en función de la adscripción a un sistema mutual alternativo, y reclaman una pasarela al RETA que permita la transferencia de sus aportaciones y derechos acumulados sin restricciones.
La petición no es nueva, pero se ha reactivado tras la presentación en noviembre de 2024 de una Proposición de Ley por parte del Grupo Socialista, cuyo trámite parlamentario ha sufrido sucesivas prórrogas en los plazos de enmiendas. Desde el Movimiento #J2 instan a todos los grupos políticos a habilitar el mes de julio para continuar con la tramitación, alcanzar los consensos necesarios y aprobar una norma que permita la integración voluntaria de los mutualistas, sin limitaciones ni exclusiones.
Además, los convocantes insisten en que las mutualidades profesionales, como la de la Abogacía, disponen de capital suficiente para afrontar este proceso sin que suponga un coste para el sistema público de pensiones. Calculan que el montante mutual que les corresponde a estos profesionales gestionado por la MA asciende a más de 7.000 millones de euros, y exigen que estas entidades informen con transparencia a las instituciones y a sus partícipes sobre la verdadera situación patrimonial y las posibilidades reales de viabilidad de esta transición.
Durante las concentraciones, se prevé la asistencia de numerosos profesionales llegados de distintos puntos del país, que se manifestarán bajo lemas como “No se dejen engañar por las mutualidades” o “Mutualidad de la Abogacía, no engañen a los grupos políticos y comuniquen fielmente que nos corresponde más de 7.000 millones de euros”.
Con estas movilizaciones, el Movimiento #J2 busca visibilizar una problemática histórica que afecta al sector jurídico español desde hace décadas, y reivindica que ningún profesional deba renunciar a una pensión justa ni a derechos equiparables a los del resto de trabajadores autónomos.
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