El Pleno del Ayuntamiento de Toledo, en sesión extraordinaria, aprobó ayer la finalización del expediente de revisión del convenio expropiatorio de 17 de julio de 2008 y del convenio de modificación y ejecución del denominado Nudo Norte de 25 de marzo de 2021. La votación contó con el apoyo de PP, VOX e IU-Podemos, mientras que el PSOE se abstuvo.
Según el concejal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado, esta decisión marca “la última fase del procedimiento administrativo” y tiene como objetivo “abrir la vía judicial para impugnar un acto que el Ayuntamiento considera desproporcionado y perjudicial para los intereses municipales”.
Delgado explicó que la convalidación del acuerdo adoptado en comisión permitirá al Consistorio acceder a “la posibilidad de solicitar la revisión judicial de unos actos que consideramos lesivos para los intereses municipales”.
Durante su intervención, Delgado defendió la actuación como un paso necesario para proteger los recursos públicos y evitar perjuicios económicos para la ciudad. “Estamos intentando, aunque sea en una situación jurídicamente complicada, que el dinero de los toledanos se utilice para mejorar la ciudad”, señaló.
El concejal recordó además que el origen del convenio se remonta a 2008, con su novación en 2021, y subrayó que el proceso administrativo “se ha prolongado durante muchos años”. Además indicó que la aprobación “ratifica los acuerdos adoptados previamente” y que, “al agotarse las vías ordinarias de recurso, el Ayuntamiento ha recurrido a la vía extraordinaria de revisión”.
Con esta fase, explicó, “se busca que el Consejo Consultivo”, que no produce actos administrativos, “no impida al Ayuntamiento acceder a la vía jurisdiccional para que puedan analizarse las cuestiones de fondo, que son las verdaderamente relevantes por los efectos nocivos y desproporcionados que generan”.
El concejal insistió en que los convenios en cuestión suponen un “grave perjuicio económico y patrimonial para el Ayuntamiento y, por extensión, para toda la ciudadanía de Toledo”, describiendo la situación como una “desproporción tremenda que se traduce en una lesión de carácter patrimonial en contra del Ayuntamiento y de todos los toledanos”.
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