La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) ha expresado su apoyo a la postura adoptada por la patronal ante la convocatoria del Ministerio de Trabajo para debatir la denominada “democratización de las empresas”. Las organizaciones empresariales han anunciado que no acudirán a la mesa prevista para el próximo 12 de marzo tras analizar la propuesta planteada por el departamento ministerial.
Fedeto respalda así la posición de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, que han decidido no participar en el encuentro al considerar que la iniciativa supone una injerencia en el funcionamiento interno de las compañías.
Desde la organización empresarial toledana se advierte de que la propuesta del Ministerio de Trabajo podría representar “un nuevo ejercicio de intervencionismo” y generar dudas sobre el respeto a principios fundamentales del sistema económico, como la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada.
En este sentido, Fedeto señala que en un contexto marcado por la incertidumbre económica internacional, la introducción de medidas que afecten a la organización empresarial podría provocar desconfianza entre los inversores y frenar la inversión en España.
La organización también cuestiona el planteamiento de que exista una falta de democracia en el ámbito empresarial. Según defiende, el modelo de relaciones laborales español ya cuenta con mecanismos democráticos consolidados, como la negociación colectiva, que está reconocida por la Constitución como uno de los pilares del diálogo social.
Asimismo, Fedeto subraya que la iniciativa genera dudas respecto al respeto del artículo 38 de la Constitución Española, que garantiza la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. También recuerda que el Estatuto de los Trabajadores reconoce a las empresas la capacidad de organizar y dirigir su actividad, lo que consideran un elemento esencial para el funcionamiento del sistema productivo.
Por todo ello, la federación empresarial defiende la necesidad de preservar la seguridad jurídica, la libertad de empresa y el diálogo social como bases para favorecer el desarrollo económico y la creación de empleo en España.
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