El Gobierno de Castilla-La Mancha espera formalizar antes de que concluya este mes de marzo su demanda contra el Gobierno de España para exigir la publicación y aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, anunció esta decisión en rueda de prensa, señalando que la Junta está ultimando el informe jurídico que acompañará la demanda.
“Se sigue sin dar las circunstancias que garanticen que se estén modificando las reglas de explotación del trasvase”, afirmó Gómez, calificando la situación actual de los embalses de cabecera como “excepcional” y “un espejismo”.
La consejera recordó que llevaban 14 años sin registrarse un nivel hídrico tan favorable en estos embalses y advirtió sobre la necesidad de tomar decisiones sostenibles: “Si no somos cautos y sostenibles en las decisiones que tengamos que tomar, dilapidaríamos este recurso”.
Gómez subrayó que “ahora es el momento para hacer este cambio” y criticó la falta de respuesta por parte del Estado. Según explicó, el Gobierno central ha indicado que esperará la resolución de dos recursos judiciales presentados por otras administraciones. Por ello, Castilla-La Mancha recurrirá a las acciones legales oportunas para que se cumpla lo dispuesto en el Real Decreto que regula el trasvase.
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