El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una estrategia que movilizará 7.000 millones de euros para el conjunto de comunidades autónomas.
En el caso de Castilla-La Mancha, la inversión prevista asciende a 280 millones de euros para los próximos cinco años, dentro de un modelo de corresponsabilidad en el que el Estado aporta el 60% de los fondos y las autonomías el 40% restante.
Durante la presentación del plan, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha subrayado el alcance de la nueva hoja de ruta en materia de vivienda, destacando su carácter estructural y su orientación a la protección del parque público. “El nuevo Plan Estatal blinda la protección pública de la vivienda. Nunca más, con dinero público, se va a poder especular con la vivienda”, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En el caso de Castilla-La Mancha, la dotación económica supone un incremento significativo respecto al anterior plan, pasando de 75 a 280 millones de euros, lo que representa un aumento de 205 millones. Estos fondos se destinarán al desarrollo de políticas públicas orientadas a garantizar la asequibilidad y la protección permanente de las viviendas financiadas con recursos del plan.
El nuevo PEV establece además una distribución orientativa de las inversiones, destinando al menos un 40% a la construcción y adquisición de vivienda, un 30% a la rehabilitación del parque existente y otro 30% a medidas de protección para colectivos y territorios especialmente vulnerables.
Entre sus principales novedades se encuentra la obligación de que todas las viviendas construidas con fondos del plan mantengan de forma permanente su condición de protegidas, así como la implantación de una cláusula antifraude para reforzar la transparencia en los procesos de adjudicación. Asimismo, se pondrá en marcha un sistema de datos públicos para garantizar el acceso de la ciudadanía a información veraz sobre el mercado de la vivienda.
El Ejecutivo ha definido este plan como una política de país, fruto del diálogo con las comunidades autónomas y distintos agentes sociales. En su elaboración se han mantenido 28 reuniones con las autonomías y se han recibido 365 aportaciones incorporadas al texto final, siguiendo la directriz marcada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la última Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 articula su actuación en tres grandes ejes: más construcción, más rehabilitación y más protección. Entre sus objetivos estratégicos figuran el aumento del parque de vivienda pública y asequible, la mejora de la eficiencia energética y accesibilidad del parque existente, el impulso a la emancipación juvenil, la reducción del esfuerzo económico para acceder a una vivienda y la atención específica a zonas tensionadas y al medio rural.
En el ámbito de la construcción, el plan contempla el impulso de nuevas viviendas, la industrialización del sector, medidas para revertir zonas de mercado tensionado y ayudas para ampliar el parque público. En materia de rehabilitación, se incluyen ayudas para mejoras en viviendas, actuaciones en cascos históricos y la movilización de vivienda vacía. Por último, en el eje de protección, se recogen medidas específicas para jóvenes, víctimas de violencia machista y colectivos en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de reforzar el acceso a la vivienda como un derecho.
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