El Gobierno de Castilla-La Mancha sigue avanzando en la tramitación de su futura Ley de Formación Profesional, que ha recibido el respaldo del Consejo Regional de Formación Profesional en el pleno celebrado este martes en Toledo. La norma, que encara su fase final, aspira a ser la primera legislación autonómica en desarrollarse tras el marco estatal.
La reunión ha estado presidida por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, quienes han destacado el enfoque dual del texto y su orientación hacia el mercado laboral.
Entre los ejes de la futura ley figura la integración de la formación en el sistema educativo con la experiencia en empresas, así como una mayor adaptación a las necesidades del territorio, especialmente en zonas rurales. También contempla la creación de una red regional de centros de Formación Profesional y el impulso de itinerarios formativos a lo largo de toda la vida.
Durante el encuentro se puso de relieve el crecimiento que ha experimentado la FP en la comunidad en los últimos años. Solo en 2025, la inversión destinada a estas enseñanzas superó los 267 millones de euros, alcanzando a cerca de 95.000 personas.
Estos datos se enmarcan dentro del IV Plan de Formación Profesional, que prevé movilizar cerca de 2.000 millones hasta 2030.
Desde el Ejecutivo autonómico han insistido en que el nuevo marco normativo busca reforzar la conexión entre formación y empleo, con una mayor implicación del tejido empresarial y el desarrollo de ámbitos como la digitalización o la internacionalización. La previsión es que la ley pueda quedar aprobada antes de que finalice el año.