La Federación de Servicios Públicos de UGT CLM solicita el cese de Luis Carretero y Miguel Moreno por "deslealtad institucional”

En una carta dirigida al Consejero de Sanidad y Bienestar Social, José Ignacio Echániz, Carmen Campoy, Secretaria General de FSP UGT CLM, reiteró que en las mesas técnicas y sectoriales “no se nos ha entregado la información que resulte necesaria para la eficacia de la negociación, ni en tiempo ni en toma, pretendiendo utilizar a los representantes legales de los trabajadores como coartada de una segunda negociación que no ha existido”

Carmen Campoy, confirmó que los servicios jurídicos del sindicato tramitan la impugnación por vía contencioso-administrativa de la Mesa Sectorial celebrada el 6 de agosto, en la que de nuevo “se nos negaba documentación” relacionada con las extinción de categorías y amortización de plazas, que supondrán 131 ceses y afectará a la desaparición de 176 plazas.

Campoy recordó también en esta carta que la publicación el pasado 8 de abril en el DOCM del Plan de Ordenación de RR.HH. del personal del SESCAM, que entró en vigor el pasado 23 de abril, “supone, de facto, la declaración de levantamiento de veda para el traslado a capricho del personal y la reducción de plantillas, al albur de la voluntad de los responsables de turno de las Gerencias de Atención Integrada de la región”.

La Secretaria General de FSP, también aseguró que al ocultar información, hurtan “a los representantes de los trabajadores información vital como son los informes de los responsables de los distintos servicios, relación de partes de trabajo, o sobre el impacto económico de las medidas e informe oficial sobre repercusión en la calidad de la atención que se presta y de cómo se van a poder seguir prestando dichos servicios”.

Para finalizar su carta, Campoy insta a Échaniz, como titular de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, “a que proceda de inmediato al cese del director gerente del SESCAM, D. Luis Carretero, y del Director de Recursos Humanos, D. Miguel Moreno, por su reiterada deslealtad en la negociación colectiva, a la que está obligada por ley la Administración regional a la que representan”.