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guadalajara

Los detenidos acudían a las pruebas, previo pago de entre 1.000 y 2.000 euros, haciéndose pasar por extranjeros residentes legales en España no hispanohablantes

Llevaban los automóviles robados a naves clandestinas para despiezarlos y, posteriormente, transportaban las piezas en furgonetas de alquiler a diferentes provincias de España así como también a Polonia y Portugal