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Hacienda

La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas avanza la adopción de dos puntos del II Acuerdo de Mejora del Empleo Público y ratifica el compromiso alcanzado con CSIF el pasado mes de octubre

Para hacerlos más eficientes y accesibles a través de las nuevas tecnologías

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha resaltado que la asunción por parte de la Consejería de Hacienda y Administraciones Publicas de las competencias en materia de fomento de la sociedad de la información tiene su reflejo en el presupuesto para el próximo año, que aumenta hasta los 146 millones de euros, lo que supone, en términos homogéneos, un crecimiento del 9,8 por ciento, respecto al presupuesto de 2018. En materia de función pública, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en 2020 pondrá en marcha el II Plan de Impulso a los Servicios Públicos, recuperará el complemento retributivo por incapacidad temporal, impulsará la constitución de una bolsa de horas para la conciliación de la vida laboral y familiar y favorecerá el acceso al empleo público de las personas con discapacidad intelectual.

La secretaria general de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, Macarena Sáiz Ramos, ha resaltado este acuerdo marco que licita la Administración regional sobre mantenimiento de vehículos, fundamental facilitar a las pequeñas y medianas empresas toda la información que necesitan conocer de cara a la presentación de ofertas.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha mantenido un encuentro con representantes de la Federación de Asociaciones de Máquinas Recreativas de Castilla-La Mancha (FAMACASMAN) y de la Asociación de Empresas de Establecimientos de Juego de Castilla-La Mancha (AESCAM).

Juan Alfonso Ruiz Molina ha destacado la importancia de fomentar la prevención y el juego responsable, así como aumentar la restricción en la autorización de nuevos establecimientos, incrementar la actuación inspectora y establecer un régimen sancionador más duro para las infracciones más graves, fundamentalmente las relacionadas con el acceso de menores a los establecimientos de juego.

Recuperar un tribunal de cuentas propio o una ley del juego, entre las 70 medidas de Ruiz Molina para esta legislatura

Esta formación se ha llevado a cabo a través de 466 acciones formativas, 283 presenciales y 183 online. La formación que imparte el Centro de Apoyo Tecnológico BILIB tiene por objeto facilitar el acceso universal de la ciudanía castellano-manchega a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Actualmente, la Red de Asesores Tecnológicos de BILIB, a través de la que se ofrece asesoramiento a profesionales, emprendedores y pymes de la región, está viviendo un proceso de expansión, ya que se han incorporado recientemente una decena de profesionales y está previsto que se integren unos diez más en las próximas semanas.

Uno de los objetivos del Centro de Apoyo Tecnológico de Castilla-La Mancha BILIB, dependiente de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, es que el fomento de las TIC en la región sirva como herramienta de desarrollo territorial, de dinamización del medio rural y de capacitación de los ciudadanos y ciudadanas en sus diferentes necesidades de desarrollo personal y profesional.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha mencionado entre esos cambios la transformación digital, los cambios demográficos y el cambio climático.

Atendieron a unas 60.000 personas, cumpliendo ampliamente con el compromiso de tiempo medio de espera de su Carta de Servicios

Por provincias, el Servicio de Atención al Contribuyente de Albacete ha atendido en el primer semestre de 2019 a un total de 15.208 personas; el de Guadalajara, a 12.978; el de Ciudad Real, a 12.149; el de Toledo, a 10.894; y el de Cuenca, a 7.344 personas. El Gobierno regional aprobó el año pasado la Carta de Servicios de Atención al Contribuyente, la primera en materia tributaria que entró en vigor en la Administración autonómica, con el objetivo de garantizar la prestación de un servicio de calidad, que facilite a la ciudadanía el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.