La Federación Empresarial Toledana (FEDETO) ha vuelto a poner el foco en el absentismo laboral en España, después de que un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) confirmara que nuestro país soporta uno de los niveles más altos de la Unión Europea.
Según los últimos datos del organismo, la tasa de bajas laborales por enfermedad en España supera en un 68% la media europea, lo que sitúa a nuestro país como el segundo con mayor incidencia, solo por detrás de Portugal.
Además, el gasto público asociado ha crecido de forma sostenida: entre 2014 y 2022, el desembolso en prestaciones por incapacidad temporal aumentó de media un 12% anual, alcanzando ya el 1% del PIB, unos 16.000 millones de euros.
FEDETO recuerda que lleva tiempo advirtiendo de esta situación. “El absentismo está alcanzando cifras récord, con más de 1,5 millones de trabajadores que cada día se ausentan de su puesto”, señala la organización, que advierte del impacto directo en la productividad de las empresas y en las cuentas públicas.
La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, también ha subrayado que este fenómeno “se ha convertido en un elemento de tensión para las finanzas del Estado” y ha anunciado que se incluirá en el programa de revisión del gasto para plantear medidas que reduzcan la incidencia y duración de las bajas médicas.
Desde FEDETO consideran que este diagnóstico “corrobora lo que venimos reclamando: la necesidad de un debate riguroso en el diálogo social para poner en marcha medidas eficaces que frenen el avance del absentismo”.
En este sentido, la patronal insiste en que resulta “imprescindible mejorar la coordinación entre el sistema público de salud, las mutuas, las inspecciones médicas, los sindicatos y las empresas, con el fin de reducir tiempos de espera, facilitar la recuperación de los trabajadores y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
La federación toledana matiza que su planteamiento “es abierto, claro y honesto. No va en contra de los derechos de los trabajadores enfermos, a los que el sistema debe proteger. Va en contra de quienes infringen la ley, perjudicando a sus empresas, a sus compañeros de trabajo y a la sanidad pública”.