La Comisión Europea ha urgido al Parlamento Europeo a adoptar su posición respecto a la propuesta que busca flexibilizar los requisitos ambientales que los agricultores deben cumplir para acceder a los fondos de la Política Agraria Común (PAC). La medida, defendida por Bruselas, pretende aliviar la carga burocrática sobre las explotaciones agrícolas y simplificar la gestión de los fondos comunitarios.
Durante su intervención ante el pleno de la Eurocámara, el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, advirtió sobre el riesgo de retrasos: “Hay una serie de enmiendas que ponen en tela de juicio que se pueda aprobar todo esto a tiempo y, por ello, quiero recordarles que tenemos que ir rápido en este tema”.
La sesión plenaria de este miércoles someterá a votación la postura de los diputados europeos, tras el mandato aprobado por los gobiernos de la UE el pasado 3 de septiembre para negociar la forma final del texto. Hansen destacó la importancia de que la decisión se adopte en octubre, para que los agricultores puedan beneficiarse de la simplificación el próximo año.
El paquete de medidas, denominado ‘Ómnibus III’, busca reducir duplicidades con las normas nacionales existentes y considera que las explotaciones ecológicas certificadas cumplan automáticamente algunos de los requisitos ambientales de la UE. Asimismo, se plantean incentivos para quienes cumplan obligaciones más exigentes, como la protección de humedales y turberas, garantizando así una compensación justa por sus esfuerzos.
Entre las novedades, el límite de pago único para los pequeños agricultores se incrementará de 1.250 a 2.500 euros, mientras que estos podrán quedar exentos de ciertas normas medioambientales y recibir compensaciones por prácticas sostenibles. Sin embargo, los eurodiputados reclaman aún más flexibilidad en la aplicación de las normas de la PAC y sugieren elevar los límites máximos de apoyo para las explotaciones más pequeñas.
La propuesta de Bruselas también incluye modificaciones en la organización común de mercados (OCM) para reforzar la posición contractual de los agricultores en la cadena de suministro y estabilizar sus ingresos.
Además, el Parlamento Europeo ha definido criterios claros sobre cuándo un producto agrícola puede considerarse “justo” o “equitable” y cómo emplear términos como “cadena de suministro corta” en etiquetas o publicidad. Las normas de sostenibilidad que permiten excepciones a las reglas de competencia de la UE también se amplían, con el objetivo de reconocer y premiar prácticas agrícolas responsables.
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