La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) ha mostrado su “estupefacción” ante el nuevo aplazamiento de Verifactu, una medida que, a juicio de la organización, “vuelve a evidenciar la improvisación con la que el Gobierno legisla en materia económica”.
La entidad considera que la decisión de retrasar hasta 2027 la obligatoriedad del sistema de verificación de facturas responde a un cálculo “claramente electoralista” y critica que se haya impulsado una herramienta sin tener en cuenta la realidad empresarial del país, donde más del 90% del tejido económico está formado por pymes y autónomos que difícilmente pueden asumir cambios tecnológicos repentinos y costosos.
Fedeto lamenta que este vaivén regulatorio se haya producido “después de que muchas pequeñas empresas y profesionales hayan invertido ya importantes cantidades en asesoramiento, formación y adquisición de software para adaptarse a la normativa”.
Según la organización, estas empresas siguieron las indicaciones del Gobierno, planificaron su adaptación y asumieron gastos que ahora se revelan innecesarios. “¿Qué hacemos con quienes ya han pagado cambios tecnológicos que finalmente no serán obligatorios?”, se preguntan, subrayando que la incertidumbre generada por Hacienda ha tenido un impacto económico real y directo sobre negocios que operan con márgenes muy ajustados.
La patronal toledana va más allá y cuestiona incluso la viabilidad futura de Verifactu. Considera que, si el sistema ha sido frenado ahora por motivos políticos, resulta improbable que consiga salir adelante en 2027, precisamente otro año electoral.
A su juicio, el Gobierno ha legislado como si todas las empresas fueran grandes corporaciones capaces de absorber los costes y la complejidad técnica de un cambio profundo en sus sistemas de facturación, cuando la mayoría del tejido productivo español no cuenta con esos recursos ni con personal especializado para afrontar estas transiciones digitales.
El aplazamiento de Verifactu es el segundo desde que se anunció la medida y llega en un momento en que la implantación del sistema avanzaba lentamente, con apenas un 8% de pymes y autónomos adaptados y un 15% en proceso, según datos del Observatorio TeamSystem.
Aunque otras organizaciones como ATA han recibido la prórroga como un alivio, Fedeto considera que el verdadero problema no es el retraso, sino la falta de planificación y la sucesión de rectificaciones que, en sus palabras, “confirman que se gobierna pensando en multinacionales y no en quienes sostienen la economía real”.
En este contexto, la organización empresarial exige claridad, estabilidad normativa y respeto por quienes ya han realizado inversiones siguiendo plazos que ahora se deshacen. “La improvisación termina siempre en más improvisación”, advierten, y reclaman que el Gobierno defina de una vez si Verifactu será finalmente implantado o si quedará definitivamente enterrado, para evitar seguir generando incertidumbre y costes innecesarios entre pymes y autónomos.
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