Dicen que lo peor no es equivocarse, sino llegar tarde. Y el Gobierno parece haber hecho de la demora una disciplina nacional. El esperadísimo sistema ‘VeriFactu’, esa especie de guardián digital de la facturación empresarial, no entrará en vigor el 1 de enero de 2026 como se había prometido. Habrá que esperar, al menos, hasta 2027. El calendario administrativo se impone a la realidad económica, otra vez.
Mientras tanto, el tejido empresarial, que lleva ya meses preparándose, se queda con cara de circunstancias. Pequeños y medianos empresarios —los de carne y hueso, los que madrugan más que los boletines oficiales— habían invertido tiempo y dinero en adaptarase a la nueva normativa. Equipos informáticos nuevos, asesorías técnicas, formación para empleados… todo con la vista puesta en una fecha que ahora se esfuma en el aire.
El enfado es generalizado y con motivo. Manuel Madruga, secretario general de FEDETO, ha sido especialmente claro: “Es una falta de respeto hacia las empresas. No se puede exigir planificación y cumplimiento mientras desde la administración se improvisa”. Y tiene razón. Porque detrás de cada factura electrónica no hay un simple archivo XML, sino un empresario que hace malabares para pagar a tiempo, cumplir con Hacienda y mantener su negocio a flote.
El argumento oficial es que “se necesita más tiempo para garantizar una implementación eficaz y segura”. Suena bien en los papeles, pero en la práctica lo que refleja es improvisación y falta de coordinación. ¿No se sabía hace meses que el sistema requería una adaptación tecnológica complejay haber previsto las dificultades para evitar este parón de última hora?
La posposición del VeriFactu es una mala noticia, no porque retrase la digitalización, sino porque mina la confianza. Cada retraso administrativo tiene un coste invisible: la desmoralización de quienes sí cumplen. España no puede aspirar a ser un país competitivo si las reglas cambian a mitad de partido.
Es posible que la factura electrónica sea el futuro, pero el presente, una vez más, llega con retraso.
Se trata de otra demostración de que las imposiciones unilaterales no son productivas. Yo me quedo, mejor, con una sutil sugerencia con carga de consenso, que suele ser, además, enormemente agradable para todo el mundo.
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