El nuevo modelo de financiación autonómica que el Gobierno llevará este miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha encendido las alarmas en Castilla-La Mancha, donde el presidente regional, Emiliano García-Page, se ha situado a la cabeza del rechazo político al planteamiento presentado por el Ministerio de Hacienda.
El dirigente socialista considera que la propuesta supone un “atropello” al equilibrio territorial y ha cuestionado duramente que el esquema haya sido negociado previamente con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Page ha elevado el tono como ningún otro barón del PSOE y ha llegado incluso a plantear la convocatoria de elecciones generales si el modelo sale adelante en los términos actuales. A su juicio, permitir que los partidos independentistas influyan en el reparto de los recursos públicos pone en riesgo la cohesión del país.
“Antes de que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de España, prefiero que hablen los españoles”, afirmó, subrayando su oposición frontal a cualquier sistema que privilegie a unas comunidades frente a otras.
Desde Castilla-La Mancha se teme que la reformulación de la llamada “población ajustada” y la falta de garantías sobre la ordinalidad perjudiquen a regiones como la castellano-manchega, con una amplia extensión territorial y mayores costes en la prestación de servicios públicos. Aunque el Ministerio defiende que el nuevo modelo incrementará los recursos para todas las autonomías, el Ejecutivo regional mantiene sus reservas y reclama un debate multilateral real y sin acuerdos previos.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará a partir de las 10:30 horas en el Ministerio de Hacienda y estará presidido por la ministra María Jesús Montero, será el primer escenario formal en el que el Gobierno exponga su propuesta a las comunidades autónomas. El nuevo modelo plantea, entre otros aspectos, aumentar el porcentaje de cesión del IRPF del 50% al 55% y del IVA del 50% al 56,5%, lo que, según Hacienda, supondrá 16.000 millones de euros adicionales en 2027.
Además, el sistema amplía la cesta de impuestos cedidos, incorporando tributos como el impuesto sobre el patrimonio, el de depósitos bancarios, el de actividades del juego y el gravamen sobre el depósito de residuos en vertedero. El Gobierno sostiene que estas medidas permitirán reforzar la suficiencia financiera de las autonomías y actualizar un modelo que lleva más de una década pendiente de reforma.
Sin embargo, las comunidades gobernadas por el PP han anunciado que acudirán al CPFF con una propuesta alternativa propia. Consideran que el modelo del Ejecutivo es un “parche” diseñado a la medida de Cataluña y denuncian que se garantice la ordinalidad solo para esta comunidad. Algunas de ellas incluso han deslizado la posibilidad de recurrir a los tribunales si se consolida un trato diferenciado.
Las reticencias no se limitan al bloque popular. Además de Castilla-La Mancha, otras federaciones socialistas han expresado dudas. El Principado de Asturias ha optado por una postura más prudente, a la espera de conocer el detalle del acuerdo en el CPFF, mientras que el PSOE de Castilla y León ha rechazado el modelo por considerarlo “insuficiente e injusto” para su territorio.
Desde la dirección federal del PSOE se defiende el nuevo sistema con el argumento de que aportará más recursos a todas las comunidades y permitirá abrir un debate de fondo sobre la financiación autonómica, un asunto que amenaza con marcar el pulso político en los próximos meses y en futuras campañas electorales.
Tras el CPFF de este miércoles, el Ministerio de Hacienda iniciará reuniones bilaterales técnicas con cada comunidad para desgranar el modelo. Posteriormente, el proyecto se someterá a audiencia pública y se plasmará en una ley orgánica que deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros y enviada al Congreso de los Diputados.
Según las previsiones del Ministerio, el texto podría estar listo en unos dos meses, aunque el camino parlamentario se anticipa complejo, ya que algunos de los socios que sostienen al Gobierno ya han mostrado su rechazo a la propuesta. Mientras tanto, Castilla-La Mancha y Emiliano García-Page se mantienen como uno de los principales focos de oposición interna a un modelo que, lejos de cerrar el debate territorial, amenaza con intensificarlo.
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