La Junta se opone al nuevo trasvase de 180 hm3, que “dilapida” el almacén del agua embalsada en estos momentos

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha manifestado el rechazo del Gobierno de Castilla-La Mancha hacia el reciente trasvase aprobado, que implica la extracción de 180 hectómetros cúbicos en los próximos tres meses. Esta acción podría resultar en una pérdida del 11% del agua acumulada en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Según Gómez, esta situación no solo afecta a la disponibilidad de agua, sino que también pone en riesgo las inversiones y desarrollos futuros en la región.

Gómez ha enfatizado que “no estamos conformes” con las reglas actuales de explotación del trasvase, las cuales considera perjudiciales. La consejera subrayó la necesidad urgente de modificar estas normativas para evitar que se repita esta situación en el futuro. Además, advirtió que la continuidad de estos trasvases podría llevar a una serie de extracciones mensuales hasta alcanzar un total significativo antes del cierre del año hidrológico.

IMPACTO NEGATIVO EN EL DESARROLLO REGIONAL

La responsable autonómica ha señalado que el agua es un recurso limitado y su escasez repercute negativamente en los planes de inversión y desarrollo dentro de Castilla-La Mancha. “Cuando falta agua, se reflejan informes desfavorables que afectan a nuestra economía”, afirmó. Por ello, el Gobierno regional se opone firmemente a este tipo de decisiones que consideran irresponsables e insostenibles.

Además, Gómez recordó que hay más de 135 hectómetros cúbicos pendientes de ser trasvasados. En este sentido, cuestionó la capacidad técnica y sostenible para transportar esos recursos hacia el Levante y Murcia, regiones que actualmente no requieren estos volúmenes debido a su falta de capacidad de almacenamiento.

LLAMADO A LA ACCIÓN JUDICIAL

Ante esta problemática, la consejera hizo un llamado claro: “No entendemos cómo el Gobierno de España permite esta situación sin considerar medidas sostenibles”. Aseguró que desde Castilla-La Mancha están dispuestos a tomar acciones legales si es necesario. Reiteró la importancia de establecer una demanda judicial por incumplimiento del Real Decreto sobre la planificación hidrológica del Tajo, aprobado en 2023, que según ella está siendo ignorado por el Gobierno central.

En conclusión, el Ejecutivo autonómico reafirma su postura firme contra este nuevo trasvase y destaca la urgencia de revisar las reglas actuales para proteger los recursos hídricos vitales para Castilla-La Mancha. La lucha por un manejo sostenible del agua continúa siendo una prioridad para las autoridades regionales.

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