Los consejeros de Salud de Euskadi, Castilla-La Mancha y Canarias han remitido una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que plantean la necesidad de una mediación independiente para desbloquear la huelga médica de ámbito estatal, originada por los desacuerdos en torno al Estatuto Marco.
Según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, los responsables autonómicos —Alberto Martínez, Jesús Fernández y Esther Monzón— proponen la designación de una figura neutral que facilite el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el comité de huelga. El objetivo sería abrir un espacio de negociación constructiva que permita generar confianza entre las partes y avanzar hacia una solución consensuada.
En la misiva, los consejeros subrayan que esta figura mediadora debería actuar como un marco neutral que ayude a encauzar el conflicto y evite prolongar sus efectos tanto sobre los pacientes como sobre los servicios sanitarios autonómicos. A modo de sugerencia, apuntan que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes podría desempeñar este papel, dada su independencia y su orientación al interés general, aunque recalcan que la decisión final corresponde al ámbito estatal.
PREOCUPACIÓN POR EL IMPACTO ASISTENCIAL
Los firmantes recuerdan que, aunque la huelga tiene carácter estatal, sus consecuencias recaen directamente sobre las comunidades autónomas, que están experimentando una creciente presión en sus sistemas sanitarios. Según indican, el impacto asistencial ya es “muy relevante”, afectando tanto a la calidad como a la continuidad de la atención.
En este contexto, los consejeros trasladan su “gran preocupación” por la falta de avances significativos en las բանակցaciones entre el Ministerio y el colectivo médico. Consideran que la puesta en marcha urgente de un mecanismo de mediación podría contribuir a desbloquear la situación y favorecer un mayor entendimiento.
Finalmente, los responsables autonómicos se ponen a disposición del Ministerio de Sanidad para colaborar en la búsqueda de una salida positiva al conflicto, con el objetivo de garantizar tanto los derechos de los profesionales sanitarios como la atención adecuada a la ciudadanía.
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