El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado contra el Partido Popular por, según ha afirmado, bloquear la reforma del Estatuto de Autonomía de la región, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados. El dirigente socialista ha advertido de que “no va a consentir” que el proyecto quede condicionado por una eventual mayoría de PP y Vox.
Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, García-Page ha asegurado que el PSOE regional se siente “engañado” por los populares, que han presentado una enmienda para mantener la horquilla de diputados entre 25 y 35, rompiendo —según ha denunciado— el acuerdo previo alcanzado entre ambas formaciones.
El presidente autonómico ha evitado precisar si la responsabilidad recae en el PP nacional o en el PP regional, pero ha subrayado que no piensa dejar el asunto sin respuesta. En este sentido, ha criticado que, una vez el Estatuto entra en fase de tramitación estatal como ley orgánica, la comunidad pierde el control sobre su contenido final.
García-Page ha recordado además antecedentes similares en intentos anteriores de reforma estatutaria, durante el mandato de José María Barreda, cuando —según ha dicho— las posiciones del PP en Castilla-La Mancha y en el Congreso fueron contradictorias, obligando a retirar el proyecto.
En esta ocasión, ha acusado a los populares de “faltar a su palabra” y ha vinculado la reforma actual con la corrección de una “trampa” introducida en etapas anteriores bajo el gobierno de María Dolores de Cospedal, a quien ha reprochado una gestión que ha calificado de “atraco electoral”.
El dirigente socialista ha sido contundente al advertir de que no permitirá que el texto estatutario quede en manos de una hipotética mayoría de PP y Vox en el Congreso, y ha sostenido que los responsables políticos “lo terminarán pagando” ante la opinión pública.
DEFENSA DEL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES Y LOS JUECES
En otro orden de asuntos, García-Page también ha abordado el debate sobre las críticas de algunos miembros del Gobierno a determinados jueces. El presidente autonómico ha defendido que los cargos públicos tienen la responsabilidad de preservar el prestigio institucional y ha advertido contra la deriva de las “teorías de la conspiración”.
En este contexto, ha señalado que “a quien tenga que ir a la cárcel, no le va a salvar pensar que hay una conspiración”, subrayando que la crítica es legítima, pero debe diferenciarse entre la opinión pública y la institucional.
El presidente castellanomanchego ha insistido en que las sentencias judiciales pueden recurrirse, pero no sustituirse por opiniones políticas, y ha defendido que los jueces están habituados a la discrepancia dentro del propio sistema judicial, donde existen votos particulares.
También ha advertido de que las acusaciones de conspiración “no tienen recorrido” y ha sostenido que “terminan donde terminan”, en referencia a su escasa utilidad política o institucional.
Finalmente, ha reafirmado la importancia de respetar el trabajo del Consejo General del Poder Judicial y del conjunto de las instituciones del Estado, especialmente en un contexto de creciente tensión política.
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